Una prohibición errónea

La decisión del juez José Yusty de suspender, a instancias del grupo del PP en el Ayuntamiento de Madrid, un acto de Madrileños por el Derecho a Decidir previsto en el complejo municipal de Matadero, no solo es muy discutible jurídicamente, sino muy inoportuna. El juez se anticipa y presume que en el acto se va a promover el apoyo al referéndum ilegal convocado en Cataluña, pero la petición para utilizar el local se refiere a un acto para debatir el derecho a decidir. Cuando se solicitó, el referéndum no había sido aún suspendido. Prohibir en este caso la cesión del local supone impedir un acto político, lo que cercena derechos fundamentales, como el derecho a expresar y debatir ideas políticas. Una cosa es colaborar con el referéndum dando apoyo logístico para su realización, lo que sería delito, y otra muy distinta debatir o apoyar la conveniencia de realizarlo.

El juez defiende en el auto la unidad de la soberanía española, “que reside en el conjunto de todos los nacionales”. Como ha recordado el Tribunal Constitucional, los preceptos constitucionales pueden ser objeto de revisión. No hay nada que no pueda ser discutido y objeto de acción política. El Tribunal ha suspendido la ley de referéndum del Parlamento catalán por “eludir los procedimientos de reforma constitucional para llevar adelante el proyecto político de desconexión del Estado español”, lo que supone “intentar una inaceptable vía de hecho”. El propio Constitucional instó en 2014 a las partes a resolver el conflicto por cauces políticos.

El hecho de que el juez Yusty sea uno de los firmantes del manifiesto de Libres e Iguales, una plataforma antiindependentista cuyo objetivo es “la movilización del conjunto de los ciudadanos españoles en el grave debate provocado por el secesionismo catalán”, no ayuda a preservar la imagen de una justicia imparcial. Los jueces no solo han de aplicar bien la ley sino que han de mantener la apariencia de imparcialidad.