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Alcaldes

El acoso del Govern a los regidores leales al Estatut quiebra la paz municipal

Manifestación contra el alcalde de Lleida que se ha negado a secundar el referéndum convocado por la Generalitat. Adriá Ropero EFE

Una de las peores iniciativas que ha adoptado el Gobierno de la Generalitat del president Carles Puigdemont ha sido involucrar a los alcaldes catalanes en su ilegal plan de referéndum.

No solo les ha pedido apoyo para que cedan locales e intendencia que facilite esa convocatoria judicialmente suspendida. Se lo ha ordenado, en un abusivo desbordamiento de sus competencias de tutela sobre la Administración local.

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No solo se lo ha ordenado, sino que ha animado a sus seguidores para que increpen a los regidores leales al Estatut, que los presionen, que los abrumen, que actúen contra ellos como operan los organizadores de escraches. Y claro está, esa consigna ha tenido ya ecos dramáticos, con insultos y amenazas a munícipes dignísimos que solo se muestran insumisos a las órdenes ilegales y abusivas del Govern, algo que hoy en Cataluña empieza a constituir por desgracia una heroicidad.

Con razón Núria Martín, alcaldesa de la segunda ciudad catalana, l’Hospitalet del Llobregat, recomendó al president: “Dejad tranquilos a los alcaldes”, algo que Puigdemont escuchó en la Diada como si oyera llover. Con razón los alcaldes socialistas han reclamado en un acto multitudinario respeto institucional.

Cierto que el intento de Puigdemont y los suyos de protegerse tras los alcaldes secesionistas como escudo humano quiebra la paz institucional catalana; atenta contra la armonía social; y entorpece el mínimo grado de cohabitación exigible a la dirigencia catalana de todos los niveles.

Pero en su (cínico) descargo habrá que recordar que la autonomía municipal nunca fue un bien apreciado por el nacionalismo de Convergència; que la Generalitat de Jordi Pujol desmanteló la Corporación Metropolitana de Barcelona —la agrupación de una veintena de municipios vecinos de la capital— para que no le hiciera competencia; que organizó los consejos comarcales para vaciar de poder a los municipios medianos y grandes y centrifugarlos a favor de los concejales del nacionalismo hegemónico en los pequeños pueblos rurales, en ciertos casos de ascendencia carlista...

Así que lo que ahora sucede es un paso más, si se quiere caricaturesco, del desprecio institucional aumentado al aliento del secesionismo. Desprecio al sistema judicial, al que se pretende acogotar y poner bajo mandato del Ejecutivo en las leyes de desconexión; desprecio al Parlament, como se apreció en el hurto de derechos y recursos legislativos a todos los diputados de la oposición en su (jibarizado) debate. Desprecio finalmente al poder municipal que no comulga con sus ruedas de molino.

A estas lamentables acechanzas, que habían aparecido en vívida expresión pública y habían sido generalmente motivo de repudio popular, les ha seguido un trámite jurídico que ha sido utilizado por el secesionismo para intentar tapar su agresividad hacia los alcaldes libres.

La actuación de la fiscalía, iniciando la citación como investigados de los alcaldes que han actuado ilegalmente al declararse dispuestos a prestar instalaciones municipales para la consulta, puede parecer un paso drástico, pero es inevitable desde el prisma del (obligado) cumplimiento de las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional.

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