A juicio los nombres franquistas de las calles de Alicante

Plaza de La Libertad o Plaza de la División Azul. De una juez depende que la ciudad de Alicante conserve en sus calles las reminiscencias franquistas por otros más acordes con una sociedad democrática, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. El grupo municipal popular se ha escudado en defectos de forma para pedir este martes en un juicio que todo siga igual. Es decir, que se declare nulo el acuerdo adoptado por el tripartito de izquierdas que gobierna el consistorio (PSOE, Guanyar Alacant y Compromís) el pasado mes de noviembre, para reemplazar los nombres de 46 viales y plazas.

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Los populares alegan como principal motivo de su recurso ante los juzgados de lo Contencioso-administrativo que la decisión final era competencia del pleno del ayuntamiento. Así lo preveían inicialmente las normas que regulaban la comisión municipal integrada por todos los partidos políticos para elaborar una propuesta. Pero obvian que una ordenanza de 2009, aprobada en época de mayoría absoluta del PP, otorgaba esas mismas facultades, en exclusiva, a la junta local de gobierno, según les responden desde el tripartito.

“Esperamos que hoy se inicie el fin de los obstáculos jurídicos que impiden retirar los homenajes fascistas en las calles de Alicante. Nuestra ciudad es una excepción muy rara. Esperamos que se restaure la normalidad democrática y tengamos unas calles libres de fascismo“, ha declarado el concejal de Cultura y Estadística, Daniel Simón, antes de asistir junto a la edil de Memoria Histórica, María José Espuch, al juicio como oyentes.

La futura sentencia dirimirá uno de los principales puntos de fricción entre el gobierno y la oposición en la presente legislatura. Una polémica que recabó la atención mediática de todo el país el pasado mes de marzo, cuando el equipo de gobierno comenzó por la Plaza de la División Azul a reponer las antiguas placas de las calles. Así se lo había ordenado dos meses antes, bajo apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia, la juez Begoña Calvet -la misma que ahora debe dictar una resolución definitiva- en un auto de medidas cautelares impulsado por el PP.

El grupo popular sostiene que la propuesta emanada de la comisión municipal “incumple la motivación y el espíritu de reconciliación y consenso” que rige la Ley de Memoria Histórica, es “arbitraria“, adolece de la necesaria “participación ciudadana“ y se extralimita tanto al proponer nombres alternativos para las calles afectadas, cuando solo debía identificar los que debían ser cambiados, como al incluir en el listado los homenajes a seis personajes históricos fallecidos antes de la sublevación militar franquista, como Vázquez de Mella o Calvo Sotelo. “Es bueno que se hiciera la Ley de Memoria Histórica“, ha dicho ante la juez el abogado del PP, pero a su juicio se debían buscar “nombres neutros“ que generaran consenso y no reemplazar los que ensalzan “a un bando por los de otro“. Del mismo modo, ha añadido, no se puede “estigmatizar“ con la etiqueta de franquista a cualquiera sin pruebas de su adscripción a este régimen.

Por el contrario, la abogada del ayuntamiento critica a los populares por no sustentar su demanda en “la práctica de ningún medio de prueba” y reafirma la competencia de la junta local de gobierno para aprobar la modificación del callejero por imperativo de una ordenanza de 2009. Además, la corporación mantiene que las modificaciones se aprobaron tras un proceso de participación ciudadana ejemplar, pues las juntas de distrito municipal, el colectivo de comerciantes y varias asociaciones fueron incluidas en la comisión creada a tal efecto.

La concejalía de Memoria Histórica también respondió a las alegaciones vecinales y las recomendaciones de la comisión municipal fueron respaldadas en el ámbito académico por cuatro expertos, dos profesores de Historia Contemporánea y dos de Ciencias Políticas designados por la Universidad de Alicante. “Se trata de cumplir la Ley de Memoria Histórica. Aquí no estamos para enjuiciar cuestiones políticas, sociales o culturales, sino para saber si un acto administrativo se ajusta a derecho”, ha señalado en sus conclusiones la letrada municipal, y “el proceso no pudo ser más participativo“.