Una juez frena el cambio del callejero franquista en Alicante

Una juez de Alicante ha irrumpido de lleno en el debate local por el cambio de calles con reminiscencias franquistas y ha ordenado al ayuntamiento la restitución de las placas antiguas, como le había pedido el PP. El auto, hecho público hoy, es un varapalo al tripartito de izquierdas que gobierna la ciudad (PSPV, Guanyar y Compromís), al que reprocha haber actuado a espaldas del propio juzgado y hurtar la posibilidad de pronunciarse sobre un recurso presentado contra la medida. 

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La magistrada deshace todo lo hecho hasta ahora por la Concejalía de Cultura de Alicante y otros departamentos municipales para materializar el acuerdo de la junta local de gobierno del pasado 16 de noviembre. Esos trámites incluyen renombrar 46 vías públicas y estaban prácticamente concluidos. Además de ordenar el "restablecimiento de las denominaciones primitivas", el auto frena cautelarmente todos los trámites desarrollados para aplicar la iniciativa. Todas esas gestiones quedan por tanto suspendidas sine die hasta que haya una sentencia.

El Gobierno local ya había comunicado los cambios de las nomenclaturas a varios departamentos municipales, así como a Iberdrola, Correos, policía, Subdelegación del Gobierno o la contrata del transporte urbano, entre otros organismos, empresas e instituciones. La juez Begoña Calvet advierte en el auto de los “evidentes perjuicios para vecinos, comerciantes y ciudadanos en general” que ocasionaría el cambio de calles si la sentencia es favorable a las tesis de los recurrentes. Podría darse una “confusión generada por la indebida utilización, durante un dilatado periodo de tiempo, de unas denominaciones derivadas de un acto administrativo cuya legalidad es cuestionada”, precisa.

El tripartito de Alicante inició la sustitución de la placas y rótulos el pasado 13 de diciembre, con el cambio del nombre de una calle franquista, Adolfo Muñoz Alonso, por el de las 27 Constituyentes, en homenaje a las primeras senadoras y diputadas que accedieron a las Cortes tras la muerte del dictador.

A ese acto acudieron los concejales de Memoria Histórica y Democrática, María José Espuch, de Cultura y Estadística, Daniel Simón, y Empleo, Sonia Tirado. Los regidores presentaron la medida como el inicio de “un proceso imparable que hace de Alicante una ciudad más democrática”. Una semana antes, el PP local, que se opuso a esta iniciativa, había recurrido el acuerdo de la junta local ante el juzgado de lo Contencioso 4 de la ciudad. Su titular ha aceptado ahora la medida cautelar que le reclamaba el portavoz del grupo municipal de los populares, Luis Barcala, y ha frenado la ejecución del acto administrativo.

La resolución, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Valencia, el Tribunal Superior, contiene un duro reproche al gobierno municipal, al que le acusa de "hurtar” las propias competencias judiciales para pronunciarse sobre el asunto. "El Ayuntamiento, pese a tener conocimiento no solo de la pendencia de un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo, sino además de la apertura de la correspondiente medida cautelar, procedió de manera precipitada y motivada", apunta la magistrada.

En su opinión, no concurrían en este caso "razones de urgencia que justificaran tal inmediato proceder". El gobierno municipal se había opuesto en el juzgado a la paralización cautelar del cambio de la nomenclatura con el argumento de que "el acto administrativo ya se estaba ejecutando".

Vulneración de la tutela judicial

Es precisamente eso lo que la juez Calvet critica, pues entiende que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. En este línea, un posible futuro fallo "favorable" a las pretensiones del PP sería “inútil", no tendría eficacia, pues se toparía con “situaciones irreversibles y contrarias a derecho".

Por otro lado, el auto recoge que el recurso del grupo municipal popular "en modo alguno puede calificarse de infundado", al articular “cuatro motivos de impugnación, tanto de forma como de fondo que necesariamente deben ser valorados" y desembocar en una sentencia "que dirima la controversia existente".

Insiste en su resolución la magistrada en el "evidente perjuicio" que puede ocasionar a la ciudadanía la ejecución de un acto administrativo como el cuestionado "sin esperar al pronunciamiento de este juzgado". Las actuaciones desarrolladas hasta ahora por la corporación suponen a su modo de ver “una evidente pérdida de la finalidad legítima del recurso" y consolidan un "estado de hecho que difícilmente podría ser alterado posteriormente” sin costes.

Tras conocer la decisión judicial, el portavoz municipal del PP, Luis Barcala, ha reclamado hoy en una rueda de prensa la “dimisión inmediata” de los concejales de Memoria Histórica y Estadística, María José Espuch y Daniel Simón, respectivamente. O bien que el propio alcalde, el socialista Gabriel Echávarri retire a ambos sus competencias. Por su parte, el gobierno local ha criticado al PP por intentar recuperar en los juzgados calles o plazas con nombres como la División Azul.