Alicante repone el nombre de calles franquistas por orden judicial
El gobierno local, obligado a sustituir el rótulo de la Plaza de la Libertad por el de División Azul
El gobierno municipal de Alicante, integrado por la coalición PSOE, Guanyar y Compromís, ha comenzado este viernes a reponer los nombres de calles con reminiscencias franquistas que había sustituido en los últimos meses por orden judicial."Estamos avergonzados. Volvemos a los tiempos del Nodo, a cuarenta años atrás. Nos ha adelantado hasta la serie Cuéntame", ha dicho, con lágrimas en los ojos, María José Espuch, concejal de Memoria Histórica de Alicante.
El nuevo Ejecutivo local se propuso limpiar el callejero de Alicante de nombres vinculados a la dictadura de Francisco Franco, y un acuerdo de la junta local de gobierno de noviembre del año pasado así lo estableció, pero el PP lo recurrió porque no se cumplía con los trámites establecidos por la Ley de Memoria Histórica y pidió que no se hiciese nada hasta que se dirimiese el recurso.
El Consistorio procedió entre diciembre y enero pasados a cambiar los rótulos en unas 46 vías y plazas públicas de Alicante pero el auto de una magistrada de lo Contencioso-Administrativo ha obligado a revertir todo el proceso. La juez entendió que el Gobierno municipal le había "hurtado" la posibilidad de pronunciarse sobre la petición cautelar del PP de que se paralizase la retirada de las placas.
El auto, que hoy se ha hecho efectivo, ordena el "restablecimiento de las denominaciones primitivas" y frena cautelarmente todos los trámites desarrollados para aplicar la iniciativa. Todas esas gestiones quedan por tanto suspendidas sine die hasta que haya una sentencia sobre el fondo del caso. La coalición de gobierno de Alicante ha recurrido el auto de la magistrada ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano.
El acto de retirada de la placa ha contado este viernes con la asistencia de activistas por la memoria histórica, que se han enzarzado en una discusión con vecinos partidarios de mantener el nombre fascista de su plaza. La edil Espuch (Compromís) ha asegurado sentir "rabia, impotencia y vergüenza" y ha culpado al PP de esta vuelta atrás, ya que fue el portavoz municipal de este partido, Luis Barcala, quien impulsó el recurso que ha propiciado la restitución del callejero franquista.
El alcalde socialista, Gabriel Echávarri, firmó un decreto hace unos días que ordenaba ejecutar el auto judicial. Su socio de gobierno, Guanyar Alacant, confluencia de Podemos, Izquierda Unida y colectivos sociales, era partidaria de esperar a que el TSJ valenciano resolviera el recurso de la Juan Local. El coordinador de Izquierda Unida en la ciudad, José Antonio Fernández Cabello, ha calificado esta mañana de "acto de indignidad" la reposición del nombre de la División Azul.
Rajoy, invitado
El consistorio alicantino había invitado al acto de esta mañana al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y a la líder del PP en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, pues responsabiliza a este partido de la decisión que se ha visto obligado a adoptar por orden judicial. La invitación fue cursada de forma oficial. El alcalde Echávarri la había verbalizado incluso en una comparecencia con tono sarcástico este jueves. Pero no ha encontrado respuesta.
El tripartito acusa a los populares de "presionar a la juez", por boca de Espuch, para que interviniera en este asunto. La edil ha contrapuesto esta situación a la que ha vivido la ciudad en los últimos años, con una "alcaldesa que daba vergüenza en los medios de comunicación", ha dicho en alusión de la ex primera edil del PP Sonia Castedo, procesada por corrupción.
El gobierno local ya había comunicado los cambios de las nomenclaturas de las calles a varios departamentos municipales, así como a Iberdrola, Correos, policía, Subdelegación del Gobierno o a la contrata del transporte urbano, entre otros organismos, empresas e instituciones.
La jueza Begoña Calvet paralizó todos estos trámites, tras advertir en su auto de los “evidentes perjuicios para vecinos, comerciantes y ciudadanos en general” que ocasionaría la iniciativa si la sentencia acababa siendo favorable a las tesis del PP. Podría darse una “confusión generada por la indebida utilización, durante un dilatado periodo de tiempo, de unas denominaciones derivadas de un acto administrativo cuya legalidad es cuestionada”, dijo la magistrada.
La aplicación de la Ley de Memoria Histórica ha topado además con la oposición de muchos de los vecinos afectados. Lisandro Gabárrez, presidente de la asociación vecinal Barrio de José Antonio-Sol d'Alacant, una zona muy deprimida de la ciudad donde se ubica la plaza de la División Azul, ha explicado que su colectivo no se opone a la sustitución de la nomenclatura, pero ha lamentado que los políticos “vengan a hacerse la foto” ahora, cuando sus calles han estado abandonadas durante años. “Solo hay que mirar cómo están las fachadas", ha dicho.
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