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El Gobierno catalán exhibe su Hacienda como garantía de éxito del ‘procés’

El presidente de la Generalitat señala que "estamos preparados" para la independencia

El presidente catalán, Carles Puigdemont, este lunes. ATLAS

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha puesto este lunes la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) como un ejemplo de que la Administración catalana está “preparada” para una supuesta independencia, ya que estaría en disposición de cobrar todos los tributos que se pagan en Cataluña. Junto a su vicepresidente económico, Oriol Junqueras, Puigdemont ha participado en un acto con el que el Gobierno catalán da por completado el despliegue territorial y competencial de la Hacienda catalana, que desde el secesionismo siempre se ha considerado una de las “estructuras del Estado” necesarias de la virtual república catalana.

Se trata de una “de las estructuras necesarias para que Cataluña esté preparada sea cual sea la voluntad que pongan los catalanes en el referéndum del 1 de octubre”, aseguró Puigdemont. En resumen, la Generalitat considera que su Hacienda ha asumido el techo competencial que le ofrece el Estatuto de Autonomía, pero que podría convertirse en un organismo estatal en el caso de que Cataluña se convirtiera en una república independiente. O, también, para una hipotética mejora del sistema de financiación en el caso de que haya una negociación entre los gobiernos de la Generalitat y del Estado después del 1-O.

Puigdemont ha asegurado que actualmente la ATC está preparada para asumir la recaudación de 42.000 millones de euros, 14 veces lo que prevé gestionar este año.

La gran novedad es que la Hacienda catalana asume desde este mes de septiembre el control directo de los principales impuestos cedidos por el Estado al conjunto de las comunidades autónomas: Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Sucesiones y Donaciones. Pese a tener las competencias, la liquidación estaba subcontratada a los registradores de la propiedad. Pero la actualización de la ATC gira también sobre otros ejes: un nuevo código tributario autonómico —que no desborda el marco estatutario—, un sistema de gestión tributaria escalable y que permitiría incluir nuevos tributos, una red de delegaciones que ha pasado de 4 a 19 oficinas propias y una plantilla que se encarama a los 700 efectivos. Pese a todo ello, el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, cuestionó el triunfalismo del Gobierno de la Generalitat y aseguró que una Administración tributaria de Estado requeriría 4.000 nuevos funcionarios más para poder luchar en condiciones contra la economía sumergida.

Montoro amenaza con sanciones

El Ministerio de Hacienda recordó ayer el deber de los contribuyentes de liquidar los impuestos ante la administración competente y advirtió de que hacerlo indebidamente ante la Agencia Tributaria Catalana puede implicar sanciones e incluso ser constitutivo de un delito penal. A través de un comunicado, Hacienda advirtió que si bien Cataluña es competente para gestionar sus propios tributos, no puede asumir los que no le compete gestionar, y avisó a los contribuyentes que presentar sus declaraciones ante la administración indebida implica que “se tendrán por no presentadas y las deudas por no pagadas”, por lo que se podrá iniciar un procedimiento de apremio e incluso iniciar procedimientos sancionadores.

Asimismo, recuerda que las personas jurídicas no tienen sólo responsabilidad tributaria, sino también responsabilidad penal, de acuerdo con el Código Penal.

La Generalitat tiene que resolver todavía otras fuentes de ingresos de calado estatal. La principal es la de las cotizaciones sociales que empresas y trabajadores pagan actualmente a la Seguridad Social, que son la fuente del pago de las pensiones y de los subsidios por desempleo. Este tema no ha sido tratado por el Gobierno catalán, aunque se prepara la conversión del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) en la Agencia de Protección Social. También está pendiente cómo se recaudarían los tributos vinculados a las fronteras.

Seguridad jurídica

Junqueras ha asegurado que con el despliegue de la Hacienda catalana se asumen “funciones que otras comunidades autónomas ya han llevado a cabo” y se prepara la institución “para ser la pieza clave del sistema fiscal” catalán, “homologable a las agencias más avanzadas del mundo”. Puigdemont ha defendido que la ATC es una auténtica estructura de Estado que da “absoluta seguridad jurídica” a ciudadanos y organismos, y que desplegar sus oficinas ha sido un auténtico hito histórico. “Muchos auguraban que todo esto acabaría en catástrofe, y hoy ya estamos preparados para funcionar bien como un país”, ha sostenido el presidente catalán.

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