Los registradores demandarán a la Hacienda catalana y advierten de su colapso

El Colegio de Registradores de la Propiedad anunció este miércoles que interpondrá una demanda a la Generalitat por haber incumplido el convenio por el que estos funcionarios se encargan de la liquidación de impuestos cedidos como Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales. El Ejecutivo catalán quiere poner fin a ese acuerdo el 31 de agosto, dos meses antes de lo estipulado. Los registradores, además, advirtieron de que la “precipitación” del vicepresidente Oriol Junqueras para asumir toda la gestión de los impuestos puede llevar al “caos”. El decano de los registradores en Cataluña, Luis Suárez, afirmó que el primer traspaso a la Generalitat ya ha supuesto que ahora estén en el limbo expedientes que suman 1.200 millones.

El Departamento de Economía y Hacienda, que dirige Junqueras, no quiso replicar a los registradores, pero recordó que que denunció el convenio con los nueve meses de antelación preceptivos y se reafirmó en que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) está preparada para asumir la gestión de todos sus tributos y pagos —por ejemplo, deudas— de su competencia el próximo 1 de septiembre. La fecha, sin embargo, se antoja imposible de cumplir para el cuerpo de funcionarios, que recordó que lleva 30 años realizando las liquidaciones para la Generalitat. “Han decidido llevar la nave contra las rocas. En ese camino no podemos seguirles y hemos decidido demandarlos”, señaló Suárez, quien afirmó que en los próximos días presentarán un recurso contencioso-administrativo.

Suárez explicó que en las mesas técnicas creadas para hacer esa transición la Generalitat les ha exigido que el 31 de agosto se produzca lo que calificó como un “milagro científico”: que su sistema informático incorpore de golpe todos los expedientes en curso. Los registradores adviertieron a los responsables de la Generalitat del “caos” que puede provocar ese calendario, puesto que consideran que se requeriría entre 18 y 24 meses para hacer un traspaso ordenado que no implique ningún perjuicio para las arcas catalanas.

Los registradores ya estimaron el año pasado que el Gobierno catalán dejaría de ingresar alrededor de 400 millones de euros si seguía con su calendario al no poder asumir en tan poco tiempo todos los expedientes que están a medias y las más de 120.000 cajas con 11 millones de documentos físicos que obran en su poder. La Generalitat, por su parte, recuerda que los 270 empleados de las oficinas liquidadoras de los registradores pasarán a ser personal interino de la Administración. Los registradores afirman, sin embargo, que sus trabajadores desconocen aún las condiciones para presentarse a ese concurso público y si serán finalmente seleccionados.

De hecho, el decano denunció que el primer traspaso de funciones, el del centro de documentación y escaneado de Valloreix, ya ha dado problemas. Suárez sostuvo que la ATC debería haber asumido el servicio el 2 de enero y, en lugar de ello, lo hizo el pasado 6 de febrero. Esa demora ha supuesto que se hayan acumulado expedientes por introducir en el sistema que suman más de 1.200 millones de euros y que ahora están en una especie de limbo.

Suárez se mostró convencido en que el problema no es de dinero —dijo que el proyecto costará el doble de lo que ahora abona el Ejecutivo por sus honorarios— ni técnico, sino que en la decisión de prescindir de ellos han primado “otro tipo de consideraciones”. “La Generalitat quiere desarrollar su propia Hacienda y nos ven como un cuerpo extraño”, denunció el decano.