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La CE pide recuperar las ayudas públicas concedidas a Iberpotash

Europa cree que la empresa minera contravino las normas de competencia

La mina de Iberpotash en Súria.
La mina de Iberpotash en Súria.

España tendrá que pedir a la minera ICL Iberia Súria & Sallent, antes Iberpotash, que devuelva parte de los 7,8 millones de euros en ayudas públicas que había recibido por su actividad en el Bages. La Comisión Europea anunció ayer que, tras su investigación sobre la concesión de las subvenciones, ha encontrado que se otorgaron contraviniendo las directivas de competencia. Bruselas también denuncia que la fianza acordada para respaldar las zonas afectadas por la extracción era muy baja y ello generó un riesgo para el Estado. Un portavoz de ICL explicó que aún no se les ha comunicado oficialmente la decisión.

La Comisión Europea (CE) investigaba desde hace cinco años una denuncia sobre las presuntas irregularidades en ayudas públicas entregadas a la filial del mayor productor de fertilizantes del mundo, ICL. La denuncia ponía en duda cinco aspectos. Bruselas ha detectado irregularidades en dos de ellos: la garantía financiera para regenerar el espacio natural ocasionado con la extracción de potasa y una financiación pública de 7,8 millones con la que el Ministerio de Agricultura y la Agencia Catalana del Agua (ACA) pagaron un proyecto piloto para un cubrimiento de una montaña de residuos en la mina de Vilafruns.

La Dirección General de Competencia de la Comisión explicó ayer mediante una nota que la antigua Iberpotash mitigó su responsabilidad económica frente a los costes de protección ambiental mediante las subvenciones, un factor que Bruselas ve como “una ventaja competitiva indebida” respecto a otras empresas mineras.

Las leyes europeas, recuerda el Ejecutivo comunitario, permite a los Estados miembros cubrir parte de los gastos para recuperar las condiciones del medio ambiente tras la actividad de extracción, pero implica que las compañías asuman al menos el 50% de los gastos. La CE pide entonces a España que le reclame un total de 5,8 millones a la compañía israelí.

La CE también consideró que el monto de las garantías financieras pedido a la empresa es “inferior a lo exigido en la legislación nacional”, tal y como asegura una sentencia del Tribunal Supremo. “La Comisión observa que la medida constituiría una ayuda de funcionamiento a favor de Iberpotash”, en tanto que debería avalar menos dinero del correspondiente. Bruselas pide por ello pagar unas tasas de garantía que reflejen “los verdaderos costes” de las medidas aplicadas para reparar los daños hasta 2016.

Un portavoz de la empresa explicó ayer que el monto del aval para la recuperación del medio está actualizado desde el año pasado, tal y como lo pidió la Generalitat. También ha explicado que ICL nunca cobró el dinero correspondiente a la prueba piloto de cubrimiento de la montaña de desechos de Vilafruns, sino que los recusos fueron entregados directamente a grupos ecologistas.

Desde la ACA, que otorgó 3,8 millones a Iberpotash, también están a la espera. Una portavoz aseguró que aún no han recibido ninguna comunicación oficial ni por parte del ministerio ni de la Administración comunitaria. La actividad de ICL en la comarca del Bages siempre ha estado rodeada por la polémica. Se trata de la principal fuente de riqueza de la zona pero desde entidades vecinales, salineros rivales y la CUP se acusa al Govern de favorecer a la empresa a expensas del impacto ambiental.

El pasado lunes, el departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat aprobó la declaración de impacto ambiental del Cogulló, la inmensa montaña de residuos salinos ubicada en Sallent. El documento regulariza la gestión de los desechos desde el año 1988, después de que en 2013 la Justicia anulara el permiso a raíz de una demanda vecinal.

El documento, publicado en el Diario Oficial de la Generalitat, es un espaldarazo a la actividad de ICL. El permiso llega a pesar de que los Mossos D'Esquadra certifican que aún hay inicidencias sobre el medio ambiente por la actividad de explotación de potasa. La empresa logró hace dos meses una prórroga en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para poder seguir vertiendo residuos durante un año y medio más.