El TSJC autoriza a Iberpotash seguir vertiendo sal en el Bages
El tribunal falla en favor de la moratoria solicitada por la empresa, que podrá seguir con la explotación minera como mínimo un año más
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha puesto fin a una semana de incógnitas sobre el futuro de la empresa extractora Iberpotash en Sallent (Bages), donde explota una mina de potasa y vierte los residuos salinos en una montaña. El TSJC decidió hace cuatro años que Iberpotash tenía que dejar, este viernes, de verter residuos en el depósito del Cogulló de Sallent por su impacto ambiental, una decisión que fue respaldada por el Tribunal Supremo en 2015. Sin embargo, ante la petición de una moratoria y la presión de los sindicatos para conservar la mina, el TSJC volvió a escuchar ayer a las partes y hoy ha autorizado a Iberpotash a seguir vertiendo sal en este depósito hasta el 30 de junio de 2018, con opción a ampliar el plazo un año más.
La empresa minera ICL, de matriz israelí, había solicitado una moratoria de dos años mediante la presentación de una incidencia urbanística, pero el tribunal ha considerado en la sentencia de este viernes que ese plazo "no se estima ajustado" y ciñe la prórroga a un año, aunque la opción de otro más todavía está abierta. La petición de la moratoria coincidió con una resolución del Parlament que pide “dar apoyo a las medidas transitorias que propone la industria minera”. La CUP se diferenció de los demás grupos parlamentarios al no dar su apoyo a esta resolución, ya que considera que la empresa está "chantajeando" con los empleos para poder seguir vertiendo residuos en Sallent.
La montaña del Cogulló sirve de dipósito para que Iberpotash vierta la sal residual que sale de las minas de extracción de potasa. La empresa se comprometió, si conseguía la moratoria, a hacer más inversiones y a conservar los 1.200 puestos de trabajo directos que genera la mina. "La decisión judicial avala el gran trabajo que ha hecho la empresa y la gente de la comarca, y es un paso adelante para la minería sostenible", destacan desde Iberpotash. Entre las inversiones comprometidas están las medidas para aprovechar la sal residual y poderla explotar. El objetivo de la empresa no necesitar una montaña de residuos en 2021, ya que se vendería la sal a la indústria química. Entre todas las inversiones comprometidas, la empresa asegura que se conseguirá reducir, en los próximos años, un 70% del vertido de sal en el Cogulló.
Este proceso de aprovechamiento de los residuos no convence ni a la CUP, ni a los vecinos ni a los ecologistas de la plataforma Prou Sal, aunque no les ha sorprendido. "Nos esperábamos una sentencia como esta, después de la moción aprobada en el Parlament", lamenta Gemma Masip, una de las portavoces de la plataforma. Prou Sal calcula que la moratoria supone 1.600 toneladas más de residuos salinos y que el coste de retirarla es de 10 euros por tonelada. La CUP, en un comunicado, ha alertado de que esta sentencia "es un grave peligro para la continuidad de la actividad minera", porque considera que la decisión judicial tolera que la empresa esté "fuera de la legalidad", lo que puede llevar a sentencias más duras. El partido anticapitalista pide que, para garantizar el respeto al medio ambiente y la conservación de los puestos de trabajo, la gestión de las minas pase a ser pública.
Los sindicatos, en cambio, han recibido positivamente la noticia de que la actividad minera se garantiza como mínimo un año más. En un comunicado, la sección industrial de CC OO ha asegurado que la sentencia "permitirá la continuidad de la actividad y de los puestos de trabajo", aunque avisa de que "vigilará que se cumplan las medidas y compromisos adquiridos por la empresa para afrontar esta moratoria, especialmente en temas de medio ambiente". Según el sindicato, la actividad minera es "uno de los principales motores económicos y de crecimiento de la comarca". Para UGT, la resolución permite una "transición ordenada i no traumática" de la producción y de la plantilla a las instalaciones de mina y fábrica que la empresa tiene en Súria.
Iberpotash ofreció un aval de más de 3 millones de euros para conseguir la moratoria, un dinero que equivale al coste que supondría extraer la sal de la montaña que se verterá en este periodo añadido.
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