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La Generalitat fija para 2017 el cierre de la montaña de Iberpotash

El Gobierno limita a 538 metros la altura máxima de la escombrera

Residuos de sal en las minas de Sallent
Residuos de sal en las minas de Sallent

La Generalitat dio ayer un paso para tratar de poner fin al largo litigio que los vecinos del Bages y los grupos ecologistas mantienen con Iberpotash. La comisión de urbanismo de Cataluña central aprobó ayer fijar por primera vez el fin de la montaña de residuos de El Cogulló. La empresa israelí tendrá que dejar de almacenar los restos salinos extraídos de su mina de potasa de Sallent (Bages) en junio de 2017. Asimismo, el Gobierno catalán marca en 538 metros respecto al nivel del mar la altura máxima que puede llegar alcanzar la montaña, que ya mide 508.

El nuevo plan fija también la reducción de la montaña y la restauración de la zona cuando el depósito alcance uno de los dos límites establecidos por la Generalitat.

El Ejecutivo aseguró ayer que esta medida da cumplimiento a la sentencia de octubre de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El TSJC anulaba entonces la autorización ambiental aprobada por la Generalitat en 2008, que permitía a la empresa seguir acumulando sus residuos en el Cogulló. La sentencia del TSJC constataba que lo “que causa un mayor impacto sobre el medio” es el depósito de residuos salinos de El Cogulló, “única opción viable, económica y técnicamente” para la compañía.

El consejero delegado de Iberpotash, José Antonio Martínez Álamo, amenazó en julio con congelar la segunda fase del proyecto Phoenix, que prevé una inversión de más de 800 millones de euros para aumentar su producción en la mina de Súria y la puesta en marcha de una planta para convertir los residuos salinos que extrae. Martínez se quejaba entonces de la “inseguridad jurídica” que acarrean las sentencias contra su empresa, a pesar de que una semana antes la Unión Europea anunciaba la apertura de un expediente a España por una “mala aplicación” de la directiva de residuos en las minas de Sallent y Súria, puesto que las extracciones podrían afectar al agua de la zona.

La Generalitat aseguró que los 500 puestos de trabajo y el proyecto Phoenix no corren peligro con la aprobación del nuevo texto. “El tiempo dado debe posibilitar el traslado de la producción que ahora se hace en Sallent hacia la mina de Súria, la ampliación de la cual no estará en funcionamiento antes de dos años”, aseguró ayer el Gobierno catalán.