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Imputados tres cargos de Territorio por prevaricación en Iberpotash

El juez acusa a Josep Enric Llebot, Assumpta Farran y Jordi Agustí.

Boca del túnel que está construyendo Iberpotash en la comarca del Bages.
Boca del túnel que está construyendo Iberpotash en la comarca del Bages.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Manresa ha decidido imputar a tres altos cargos de la Generalitat por un presunto delito de prevaricación ambiental y otro contra los recursos naturales y el medio ambiente por su actuación con Iberpotash, la compañía minera del Bages. El juez ha admitido la querella presentada por la CUP que denunciaba una posible concesión de licencias ilegales y la elaboración de informes que podrían vulnerar la normativa administrativa. Los acusados son el secretario de Medio Ambiente, Josep Enric Llebot; la directora de Calidad Ambiental, Assumpta Farran, y el director de la Agencia del Agua, Jordi Agustí.

En el mismo auto, el titular del juzgado imputa al consejero delegado de Iberpotash (ahora denominada ICL Iberia), José Antono Martínez Álamo, y a su director general de medio ambiente, Lluís Fàbregas. En su caso, se les acusa del presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

José Antonio Martínez Álamo, de Iberpotash.
José Antonio Martínez Álamo, de Iberpotash.

La CUP, como otros denunciantes anteriores, sostiene que la actividad que la compañía minera efectúa en Súria y Sallent puede tener afectaciones sobre el medio ambiente a causa de las filtraciones de residuos salinos en la cuenca del río Llobregat y que la Generalitat se lo permite sin que Iberpotash haya superado los trámites y controles administrativos pertinentes. Por ello, la Candidatura d'Unitat Popular reclamó que los cinco presuntos responsables de los hechos testificaran ante el Juzgado y que este ordenara la toma de muestras de agua y su estudio analítico en 18 puntos de la comarca del Bages. El juez ha asumido ese encargo y los cinco imputados tendrán que prestar declaración el próximo 29 de septiembre.

La Generalitat aseguró ayer que no tenía constancia de la notificación del Juzgado, fechada el martes 2 de junio, y comunicó que la actividad minera en el Bages “se está realizando de forma ajustada a la legislación urbanística y mediambiental”. Asimismo, mostró su sorpresa por la imputación de los tres altos cargos sin que antes se hubieran realizado diligencias previas. Tanto Iberpotash como el Gobierno catalán pueden recurrir la decisión del juez

No es la primera vez que un juzgado decide imputar a responsables políticos por actuaciones vinculadas a Iberpotash. Ya en 2014 acabó acusado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Súria por la licencia de obras que otorgó a la compañía minera para que abriera una pista forestal y construyera una plataforma de 2.750 metros cuadrados. Esos trabajos eran imprescindibles para empezar a construir una rampa subterránea de 4,7 kilómetros y 900 metros de profundidad en la mina de Cabanasses, del mismo municipio.

Josep Enric Llebot, secretario de Medio Ambiente.
Josep Enric Llebot, secretario de Medio Ambiente.

La notificación del juzgado de la capital del Bages engrosa todavía más el lío judicial y administrativo al que está sometido el Plan Phoenix, un proyecto con el que Iberpotash pretende elevar la rentabilidad de su explotación minera en España. Prepara el cierre de la mina de Sallent para concentrarse en su pozo de Súria, para lo que construye la mencionada rampa subterránea, que permitirá aumentar la capacidad de extracción. Y construye plantas de sal vacuum para convertir los residuos generados por la extracción de potasa en sal vacuum que exportará por Europa y el Mediterráneo. En total, prevé invertir hasta 2018 un total de 450 millones. Una cifra que ha provocado que el Gobierno catalán lo considere como un “proyecto de país” y que sus problemas pasen por las manos de Jordi Vilajoana, secretario general de Presidencia de la Generalitat y hombre muy próximo a Artur Mas.

Pero ese interés choca básicamente con una mole de residuos denominada El Cogulló. Unas 37 millones de toneladas de residuos salinos concentrados en Sallent que provocan que, cada vez que llueve, se filtren residuos salinos en el subsuelo, afectando a las aguas del río Llobregat. La ausencia de un plan serio para acabar con esa montaña de 500 metros de altura ha originado múltiples denuncias y la apertura de un expediente sancionador al Gobierno por parte de la Comisión Europea, además de una acusación por parte de sus rivales por un supuesto caso de dumping ambiental. De momento, continúa recibiendo residuos salinos procedentes de la mina.

Justo la pasada semana el Gobierno catalán inició la tramitación del Plan Director Urbanístico de la minería del Bages. No es más que el intento definitivo para poner orden al proyecto empresarial de Iberpotash en el Bages. Acabar con El Cogulló, sin embargo, no será posible antes de 50 años, según sostiene la propia Iberpotash.

Problemas judiciales y administrativos

La denuncia presentada por la CUP el pasado mes de octubre enumera los casos del “incumplimiento reiterado de la normativa urbanística, minera y ambiental” de Iberpotash. Los principales problemas detectados son los que siguen.

El Cogulló. La querella recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estimó parcialmente una demanda presentada por un vecino de Sallent, Sebastià Estradé, en la que reclamaba la presentación de un plan de restauración de la escombrera del Cogulló. El mismo fallo obligaba a la Administración autonómica a elevar la fianza de la Generalitat a Iberpotash para asegurar la restauración de la montaña, fijada en 585.153 euros, una cifra “completamente ridícula e insuficiente, presumiblemente cómplice con los intereses lucrativos de la empresa”, señala la denuncia. Esa fianza fue incrementada hasta los 6,9 millones de euros. Otra denuncia, formulada por la Asociación de Vecinos del Barrio de la Rampinya, conllevó una sentencia que a la práctica suponía el cierre acelerado de la mina de Sallent si no se presentaba un plan de restauración. Ante ese riesgo, la Generalitat ha aprobado un plan que da aire a la compañía. El Tribunal Supremo también se ha pronunciado en el mismo sentido desestimando el recurso de la compañía minera.

La vía europea. La comisión Europea incoó un procedimiento de infracción por reiterados incumplimientos de la normativa ambiental. Es la respuesta a una denuncia que acusaba a la Generalitat de que su inactividad administrativa estaba intensificando un riesgo y un daño ambiental no permitido, al no haberse tomado las medidas correctoras consideradas por la Agencia Catalana del Agua.

Rampa sin trámite ambiental. Iberpotash inició en 2012 las obras iniciales de su Plan Phoenix, consistentes en la construcción de una rampa subterránea sin que se presentara la correspondiente evaluación de impacto ambiental, lo que acabó paralizando durante meses la construcción.

El ministerio aprieta. Agricultura ha reclamado a Iberpotash que presente una evaluación de impacto ambiental global que evalúe las consecuencias que pueda tener el conjunto de su Plan Phoenix.