El TSJC anula la autorización ambiental a Iberpotash

Iberpotash tendrá que acudir al Tribunal Supremo si quiere continuar explotando las minas de sal potasas de Súria y Sallent. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado la autorización medioambiental aprobada por la Generalitat en 2008 con la que la compañía, filial del grupo israelí CLH, podía seguir acumulando los desechos de su actividad en la escombrera del Cogulló, una montaña de residuos salinos del tamaño del Tibidabo.

El fallo ahonda en otro anterior que obligaba al Departamento de Territorio a demandar un nuevo plan de restauración de la escombrera y a fijar una mayor fianza a Iberpotash. Pero ahora la sentencia va más allá y anula totalmente la resolución que permitía la actividad en base al incumplimiento del planeamiento urbanístico y la inexistencia de una declaración de impacto ambiental, como había denunciado la Asociación de Vecinos Sant Antoni de Sallent.

El fallo remarca que solo se contemplan medidas para la recogida de las aguas contaminadas

La sentencia constata que lo “que causa un mayor impacto sobre el medio” es el depósito de residuos salinos de El Cogulló, “única opción viable, económica y técnicamente” para la compañía. El fallo remarca que solo se contemplan medidas para la recogida de las aguas contaminadas por los residuos salinos y el fin de la deposición de sal a partir de 2035. Asimismo, considera desproporcionada, por baja, la fianza fijada por la Generalitat para revertir ese daño, de poco más de medio millón de euros. Esa garantía ya fue elevada hasta los seis millones de euros el Gobierno catalán tras la sentencia anterior.

Un portavoz de Iberpotash aseguró ayer que la sentencia no va contra la compañía: “No es una cuestión nuestra, sino un error administrativo de la Generalitat. Tendrán que ser ellos quienes determinen si recurren ante el Supremo o no”. Por ello, la empresa asegura que la actividad de la empresa no se detendrá, aunque esta decisión está condicionada a los planes de la Generalitat, que ayer no se quiso pronunciar sobre las medidas que va a tomar hasta que sus servicios jurídicos estudien la sentencia.

De todos modos, el fallo supone un varapalo para la actual actividad de Iberpotash y, sobre todo, para los planes de crecimiento establecidos por la compañía israelí, que pasa por elevar la extracción de potasa y poner en marcha plantas de tratamiento de sal y convertir así sus residuos en recursos dirigidos a la exportación.