La ciencia gana en los juzgados

Rosa Rodríguez tiene 48 años y es doctora en inmunología. Trabaja en la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital La Paz (Madrid), pero tras diez años de relación laboral no había conseguido un contrato indefinido. El pasado mes de julio el Juzgado de lo Social número 36 condenó a la institución sanitaria por fraude de ley en la contratación de la empleada tras encadenar varios contratos temporales. Pero este no es un caso aislado. En Madrid hay diez fundaciones de investigación en hospitales públicos. En total hay 1.225 trabajadores y alrededor de 1.100 son investigadores, el resto es personal administrativo. El 87% de esta plantilla tienen contrato temporal, según datos del sindicato Comisiones Obreras (CC OO), "de lo que se desprende el interés de la administración pública en la investigación científica", matizan los expertos. 

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La trabajadora firmó un contrato Miguel Servet (que les hacen a los investigadores) en el año 2008. "Si a los seis años de trabajo la evaluación es positiva se supone que tienen que hacerte indefinida, pero no fue así. Me fueron haciendo contratos temporales, uno tras otro. El último vencería en febrero de 2018", explica Rodríguez. Pero el fallo del tribunal pide a la Fundación de La Paz  hacer a esta científica indefinida. "Ya tengo una edad, familia y después de toda la vida investigando no se puede vivir así, con esa inseguridad", lamenta. Fuentes del hospital confirman que no recurrirán la sentencia y que se acatará el fallo del juez. 

La abogada de la investigadora, María José Muriel, explica que durante años se han hecho contratos amparándose en la Ley de la Ciencia (2011), que permite que los temporales se prorroguen "hasta el infinito", sin tener en cuenta el Estatuto de los Trabajadores. En la sentencia el juez entiende que se ha producido fraude de ley al utilizarse contratos temporales para satisfacer una necesidad que no es puntual sino permanente del empleador. "Lo que los hace fraudulentos no es tanto el tiempo sino el objeto, es decir, que no se hacen para proyectos específicos. El trabajo habitual de Rosa es la investigación, no es una obra que empieza y acaba".

La letrada cuenta que lleva dos casos iguales de trabajadores de las fundaciones del Hospital Clínico y del 12 de Octubre que están pendiente de juicio. "Los investigadores del CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas)  y del CNIC (Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares) están en situaciones idénticas", asegura. La Ley de Estabilidad presupuestaria (2012) también jugó su parte ya que impedía que se contratase a personal fijo en la administración pública, según explica Muriel. 

"La contratación es demencial"

Juan Antonio Fresno, presidente de la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios, señala que este problema se repite en todas las comunidades autónomas pero, al ser la Sanidad una competencia cedidas estas,  se tiene que atajar autonomía a autonomía. "La contratación del personal investigador es demencial. Se huye del modelo funcionarial y la alternativa es la ilegalidad absoluta”. Fresno cuenta que han empezado una mesa de negociación con la Consejería de Sanidad para elaborar un convenio colectivo, ya que el personal investigador carece de él. Además, hay un grupo de trabajo para definir un modelo de carrera profesional específica para los investigadores. "Somos una profesión nueva y estamos peleando desde el año 2004, que creamos la asociación, por su reconocimiento", relata. El experto subraya el papel fundamental de los sindicatos para avanzar en derechos laborales. 

"Primero hemos tenido que transmitir qué hace un investigador en un hospital", cuenta. El trabajo consiste en trasladar los avances científicos a la práctica hospitalaria, así se genera un contacto más directo entre médicos y científicos. En el caso de Fresno, que investiga en el área de oncología de La Paz, ayuda en los diagnósticos para que los doctores tomen la decisión idónea a la hora de aplicar los tratamientos. "Tengo compañeros hacen una gran labor en el diagnóstico de enfermedades raras. Los avances se podrían aplicar de forma más eficiente si el personal no tuviera que estar preocupados por cuestiones administrativas", matiza. Los investigadores, además de la precariedad laboral, se encargan de buscar la financiación para los proyectos. 

Fuentes de la Consejería de Sanidad informan de que hay 60 investigadores con contratos indefinidos cofinanciados entre las fundaciones y la Comunidad.  "Estamos trabajando para que en 2018 puedan estabilizarse y consolidar su carrera un conjunto de investigadores de buena trayectoria investigadora", dicen estas mismas fuentes. Mientras tanto, la precariedad se mantiene: “Tengo compañeros en la misma situación”, cuenta Rosa Rodríguez, “por lo que habrá más demandas”.