Una sentencia reconoce el derecho de un investigador precario a tener contrato

Durante cuatro años, el investigador X acudió al laboratorio a trabajar en un proyecto científico. Era una investigación de I+D+i de la Comunidad de Madrid con la Universidad Autónoma. El plazo de investigación ascendía a dos años renovables otros dos más entre 2006 y 2009 en la Universidad Autónoma. Durante ese tiempo el científico firmó cinco contratos diferentes de entre seis y 12 meses. Su sueldo mensual era de 1.970 euros.

El nombre del demandante no ha trascendido, pero sí la denuncia que presentó con UGT y la sentencia de la Sala de Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que obliga a la Autónoma a readmitirlo o pagarle una indemnización de 10.491 euros más los sueldos que no ha cobrado desde que le despidieron hasta que ha salido el fallo del tribunal.

Un "fraude de ley"

Los contratos del científico suponen un "fraude de ley", según el TSJM, que señala que la Universidad debió "realizar una contratación que se acogiera a esa temporalidad [dos años prorrogables otros dos] y no a un total de cinco contrataciones con idéntica obra y servicio determinado". La Autónoma argumentó que el cambio de contratos correspondía a varios proyectos, pero el tribunal entiende que no es así porque los realizaba en el mismo puesto del mismo laboratorio, con igual categoría profesional y tareas idénticas. La sentencia se basa en el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores que establece que una empresa debe asumir a un trabajador si se producen más de dos contratos temporales durante un plazo superior a 24 meses en un periodo de 30 meses.

La Federación Regional de Enseñanza de UGT se ha felicitado hoy por la sentencia que considera "un claro avance contra la precarización de jóvenes investigadores", según una nota del sindicato, "que pese a su currículo de alta especialización mantienen su condición de becarios durante muchos años en aras de mantener su vocación investigadora".

El abogado del investigador, Juan Antonio Gil, destaca que se trata de un fallo pionero. "Los investigadores de empresas o instituciones públicas no denuncian porque siempre esperan que les llamen para otros proyectos", según Gil. "Las instituciones no deben encadenar contratos precarios para amedrentar a sus investigadores", concluye.

La Autónoma no ha aclarado si recurrirá o no en casación la sentencia ni por qué ofreció contratos temporales al investigador. En la universidad pública madrileña trabajan 2.800 investigadores en 300 proyectos, según una portavoz de la institución, que tampoco aclara cuántos están en situaciones similares al demandante.