Los becarios de investigación cotizarán a la Seguridad Social pero no podrán cobrar el paro

El Gobierno ha aprobado hoy un estatuto para regular las condiciones laborales de los becarios de investigación, una promesa lanzada hace un año y medio por la entonces ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, para hacer frente a las demandas de mayores prestaciones sociales de este colectivo. La norma sancionada hoy por el Consejo de Ministros establece que los investigadores dispongan de seguridad social, pero no les da derecho a cobrar un subsidio de desempleo.

Birulés se sacó esta promesa de la chistera en mayo de 2002 en respuesta a las exigencias de la Federación de Jóvenes Investigadores, que convocó varias manifestaciones y actos de protestas para acabar con "precariedad laboral".

El nuevo estatuto fue dictaminado por el Consejo Económico y Social y aprobado por el Consejo de Estado en junio, cuando ya era ministro Josep Piqué, y fue anunciado el pasado 1 de octubre por su sucesor, Juan Costa.

Paga el que beca

El texto sancionado hoy, dos años después, prevé el acceso de estos científicos al régimen general de la Seguridad Social como "becarios de investigación"; a esta categoría podrán acogerse aquellos universitarios con título de doctor o suficiencia investigadora que disfruten de una ayuda para el desarrollo de actividades de formación y especialización científica o técnica que además esté inscrita en un Registro de Programas de Becas de Tercer Ciclo creado también hoy por decreto.

El decreto aprobado hoy obliga a estos investigadores a cotizar a la Seguridad Social pero les deja sin protección por desempleo. Será la entidad que otorgue la beca la que asuma los derechos y obligaciones establecidos para los empresarios en el Régimen General de la Seguridad.