La respuesta penal al referéndum se agrava y se extiende a altos cargos
Ya hay 22 políticos catalanes involucrados en causas judiciales por el proceso independentista
La respuesta penal al proceso independentista se agrava y se amplía a medida que se acerca la fecha del referéndum unilateral, previsto para el 1 de octubre, y ante la negativa de la Generalitat a dar marcha atrás. Ya son 22 los políticos catalanes involucrados en procesos judiciales por diversos delitos. Si en la consulta del 9-N se impusieron penas de inhabilitación al expresident, ante el 1-O los delitos implican ya penas de cárcel y alcanzan a cargos de segunda línea.
El Gobierno catalán denuncia la creciente judicialización del proceso independentista. Insiste en que la solución al conflicto es política y, al mismo tiempo, se mantiene firme en su intención de celebrar un referéndum unilateral pese a las advertencias sobre su ilegalidad. “No existe un poder lo bastante fuerte como para cerrar el gran colegio electoral que será Cataluña el 1 de octubre”, dijo el president Carles Puigdemont en una entrevista en Le Figaro. Las espadas están en lo alto. Y, a medida que la amenaza del referéndum se concreta, la respuesta penal se vuelve más contundente.
A estas alturas hay, al menos, 22 políticos involucrados —cuatro condenados; el resto, investigados— en asuntos penales. Además de alcaldes y concejales de la CUP y de otras formaciones imputados por desobediencia (en Badalona y Berga), hay tres causas abiertas que afectan a los máximos representantes del Parlamento, a consejeros de Junts pel Sí y a altos cargos. Los delitos que se les atribuyen son desobediencia y prevaricación, que conllevan penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pero se han sumado otros (malversación, sedición) que traen aparejadas penas de cárcel. Todo ello supone una carga extra de presión para los políticos independentistas y explica, en parte, las dudas de algunos consejeros y la reciente crisis de Gobierno.
La investigación que tiene mayor recorrido es la del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que indaga los preparativos del referéndum. El juez ha imputado a un alto cargo, el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó; a un exsenador de ERC y exmagistrado, Santiago Vidal, y al jurista Carles Viver Pi i Sunyer. La Guardia Civil, sin embargo, ha tomado declaración como investigados a cargos de segunda fila como el secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, o el director general de Comunicación, Jaume Clotet.
Los agentes también han interrogado, si bien como testigos, a cargos de menor rango —la jefa de comunicación de Asuntos Exteriores—, a políticos que no tienen que ver con la organización del 1-O —el exportavoz del Pacto Nacional por el Referéndum, Joan Ignasi Elena— e incluso a empleados públicos y trabajadores de empresas privadas. El Gobierno catalán insiste en que protegerá legalmente a los funcionarios ante el referéndum, y el martes aprobó un acuerdo en ese sentido.
La causa del juzgado 13 —alimentada por denuncias del abogado Miguel Durán, de Vox y de la fiscalía— investiga delitos de desobediencia, prevaricación, malversación, revelación de secretos, sedición y rebelión; estos últimos están castigados con elevadas penas de prisión.
El punto de inflexión lo marcó la jornada de participación del 9 de noviembre de 2014, en la que votaron 2,3 millones de catalanes. Nadie impidió que se celebrara aquella consulta no vinculante a pesar de que, cuatro días antes, había sido suspendida por el Tribunal Constitucional. Fue un aprendizaje para el Gobierno y para la fiscalía. No quieren que se repita ese escenario, y menos ante un referéndum que, según lo anunciado por Puigdemont, pretende ser vinculante y servir para proclamar la independencia.
Las consecuencias
La respuesta penal al 9-N llegó con posterioridad: se limitó a los máximos responsables políticos y a penas de inhabilitación. Ha tenido consecuencias: el expresident Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau no pueden ser candidatos. El exportavoz del Gobierno Francesc Homs, por su parte, tuvo que abandonar su escaño en el Congreso. Todos salvo Ortega pertenecen al PDeCAT, el partido que acumula mayor número de encausados en estos procesos. Afrontan, además, posibles consecuencias económicas: el Tribunal de Cuentas impulsa un proceso por responsabilidad contable, para que Mas y sus consejeras paguen los cinco millones de dinero público que costó el 9-N.
En el juicio por el 9-N se habló de democracia. Mas denunció que era víctima de un “proceso político”. El fiscal del caso le replicó que “el juicio también es democracia” y que esta no solo consiste en votar. La palabra mágica también ha sido invocada por otra de las afectadas: la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, considera que su imputación es un “ataque a la democracia”. Forcadell y cuatro miembros de la mesa están imputados por permitir que se votara una resolución que pedía celebrar el referéndum, a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional.
El Constitucional también está jugando su papel. Ha advertido en reiteradas ocasiones (hasta seis) a Puigdemont de que cebe cesar en cualquier iniciativa que promueva “el proceso de desconexión” de Cataluña. Las advertencias han llegado a esa segunda línea del Ejecutivo: directores generales y secretarios.
La fiscalía permanece vigilante. Quiere evitar una causa general contra el proceso que “pueda ser interpretada como una persecución al independentismo”. Y opta por otra estrategia: “acciones puntuales contra personas concretas”, según fuentes de la institución. “Si llegado el momento, los hechos aconsejan que la fiscalía actúe, pues con toda energía y en defensa de la legalidad”, anunció el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en una intervención pública.
A Maza le corresponde impulsar las querellas sobre el referéndum. Como la que ordenó interponer contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, y el número dos de su departamento, Francesc Esteve, por haber iniciado el trámite para comprar unas urnas con dinero público. Ambos están imputados en una causa abierta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
