La Guardia Civil actúa siempre en coordinación con el juzgado

La Guardia Civil actúa como policía judicial en la investigación sobre el referéndum del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Eso significa que está a las órdenes del juez, que dirige la instrucción. Pero no impide que pueda practicar las diligencias oportunas sin que sea necesaria una orden explícita o por escrito. El magistrado, eso sí, debe estar al corriente, y ambas partes trabajan en todo caso de forma coordinada, explican fuentes policiales sobre la polémica creada en torno a esa investigación.

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La Generalitat considera que la Guardia Civil ha incumplido la ley —y, de paso, ha cometido varios delitos— al tomar declaración a altos cargos del Gobierno catalán sin amparo judicial. Fuentes policiales consultadas por este diario rechazan de plano esa tesis. Subrayan, en cambio, que la Guardia Civil ha propuesto al juez un plan de actuación concreto y que éste ha dado su visto bueno. Cosa distinta, insisten, es que exista una orden escrita para realizar esas pesquisas. Ahí reside el equívoco, subrayan esas fuentes.

La Generalitat se acoge a una nota de prensa emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La nota precisa que los interrogatorios “no han sido solicitados por el magistrado”. Sobre esa base construye su argumento y cita, en su denuncia contra tres agentes del instituto armado presentada ayer, diversas leyes. La Generalitat recuerda que la policía judicial “actúa bajo la dirección de los juzgados y tribunales y de la fiscalía” y que “quedan obligados a seguir sus instrucciones”. La ley de enjuiciamiento criminal, agrega, dice también que los policías “tendrá el carácter de comisionados” de los jueces.

Fuentes de la Guardia Civil matizan que no se ha incumplido ninguno de esos mandatos. Y precisan que se investiga de la misma forma en otros tantos juzgados de instrucción. El juez dirige la instrucción, pero deja en manos de la policía judicial la práctica de las diligencias. Además, es la policía la que, en este caso, define el plan de actuación que cree oportuno para indagar si se han cometido delitos en torno a la preparación del referéndum.

Esas mismas fuentes citan como ejemplo los interrogatorios a Jaume Clotet y Joaquim Nin. La Guardia Civil elaborará un atestado con el resultado de esos interrogatorios, que remitirá de forma inmediata al juez. Éste decidirá si cita a declarar como investigadas a esas dos personas. Frente a las críticas del Gobierno catalán por haber cambiado su condición (de testigo a investigado) en plena declaración, las fuentes policiales que se ha hecho con el único objetivo de preservar su derecho de defensa (el testigo tiene obligación de decir la verdad; el investigado no).