La Generalitat denuncia a la Guardia Civil ante el juez de guardia por interrogar a altos cargos

Los abogados de la Generalitat de Cataluña han presentado este sábado una denuncia en el juzgado de guardia contra los agentes de la Guardia Civil que están participando en los interrogatorios contra los cargos del Gobierno catalán relacionados con la organización del referéndum del 1 de octubre. El consejero de la Presidencia, Jordi Turull, ha colgado en las redes sociales una imagen de la primera página de la denuncia en la que se refleja que las actuaciones van dirigidas contra determinados agentes y contra todas las personas que por su relación directa con los hechos que se denuncian "hubieran colaborado de forma consciente y activa en la comisión del delito", en alusión a los artículos 27, 28 y 29 del Código Penal.

"Hemos presentado denuncia contra los responsables de los interrogatorios de la Guardia Civil por el Pacto por el Referéndum. ¡Defendamos la democracia!", ha afirmado Turull vía Twitter. El consejero de Presidencia aludía así a las pesquisas de las agentes sobre el pacto nacional por el referéndum que alentaba la celebración de un referéndum pactado. La Generalitat ha informado que la denuncia se ha interpuesto por orden de Turull por la actuación de los agentes contra altos cargos del Ejecutivo y servidores públicos -este viernes fue a declarar la responsable de comunicación del Departamento de Exteriores- y que aprecian posibles delitos como obstrucción a la Justicia, usurpación de atribuciones, falsedad en documento oficial, violación de secretos y contra los derechos individuales.

Turull anunció el miércoles por la tarde la presentación de la denuncia después de que fuera citado a declarar ante la Guardia Civil el director general de Presidencia, Joaquim Nin, teóricamente por haber registrado el dominio en la red del Pacto Nacional. Nin acudió como testigo y los agentes le advirtieron al final del interrogatorio que pasa a ser investigado.

El consejero señaló que se estaban vulnerando derechos fundamentales de los ciudadanos y a la pregunta de si la denuncia sería contra los agentes o el juez que instruye el caso, afirmó: "Contra todos". Sin embargo, una denuncia contra un juez solo se puede presentar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La fórmula escogida por los servicios jurídicos ha sido la de denunciar a "todas las personas que por su relación directa" estén colaborando en el caso, por lo que han evitado la denuncia directa contra el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que dirige la causa.

Fuentes del TSJC han confirmado que la denuncia se ha presentado la mañana de este sábado ante el juzgado de instrucción número 15, que estaba en funciones de guardia. Como los hechos denunciados no se han producido hoy, el juez no es competente y enviará la denuncia a reparto. El juez a quien le corresponda ver la denuncia deberá decidir si la admite a trámite o le da carpetazo.

"Agresividad verbal"

La denuncia, de 14 folios, recoge las citaciones de la Guardia Civil a tres altos cargos del Gobierno catalán para declarar como testigos: el director general de Atención Ciudadana, Jordi Graells; y el director general de Comunicación, Jaume Clotet; y el el mencionado director general de Presidencia, Joaquim Nin. Tras escuchar sus declaraciones, la Guardia Civil cambió la condición de Clotet y de Nin de "testigos" a investigados.

Según el relato de Clotet que consta en la denuncia, cuando llegó a la comandancia "ya había medios de comunicación" en la puerta "a pesar de que el Gobierno no había avisado a nadie", consciente de que las diligencias eran secretas. Clotet relata, siempre según la denuncia, que los agentes le preguntaron acerca de la web del Pacto Nacional para el Referéndum y que entonces le informaron que su condición era de "investigado". Tanto a Nin como a Clotet les informaron que pasaban a ser investigados "por los presuntos delitos de revelación de secretos, malversación, desobediencia, prevaricación y sedición".

La versión de Graells sobre lo que ocurrió en la comandancia de Travessera de Gràcia también queda reflejado en la denuncia. "El clima en el que se desarrolló fue subiendo de tono y denotaba agresividad verbal". Los agentes, siempre según la denuncia, "le acusaban insistentemente de mentir y de los graves perjuicios que eso le podía comportar". A lo largo de la declaración, los guardias "salieron tres o cuatro veces" y, cuando regresaban a la sala, "acentuaban la presión sobre su persona". Una vez que firmó la declaración, los agentes continuaron presionándole e incluso lanzaron "alguna expresión vulgar y de mal gusto".

La Generalitat concluye que la Guardia Civil se ha amparado, para practicar las diligencias, "en las diligencias previas que están declaradas secretas y que conoce el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona". La denuncia hace alusión a un auto del juez en el que desestimó la personación de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) como parte en la causa. El magistrado vino a decir entonces que no se trataba de una causa política y que él no estaba investigando "la convocatoria de un referéndum" ni impulsando "una causa general contra los que, directa o indirectamente, tuvieran interés" en esa consulta.

La denuncia cita también a su favor una nota de prensa del TSJC en la que este organismo afirmaba que los interrogatorios de la Guardia Civil "no han sido solicitados" por el juez. Y concluye que los agentes denunciados "habrían ejercido competencias propias de la autoridad judicial al margen y con desconocimiento de ésta". Los guardias "se autoatribuyeron delante de los declarantes la condición de comisionados" del juez, cuando en realidad "no estaban actuando a solicitud de éste".