La causa judicial que lidia con el referéndum

Santiago Vidal puede convertirse, sin quererlo, en uno de los principales escollos para que el referéndum del 1 de octubre llegue a buen puerto. El exsenador de Esquerra Republicana y juez independentista —suspendido de sus funciones por redactar un borrador de Constitución catalana— reveló, en conferencias públicas, supuestas ilegalidades de la Generalitat a cuenta del procés. Sus manifestaciones sirvieron de base para una denuncia que dio lugar a un proceso judicial que hoy, cinco meses después y por circunstancias azarosas, aglutina las investigaciones en torno a la consulta.

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, dirige la investigación, que ha levantado ampollas entre los soberanistas. En el marco de ese proceso, la Guardia Civil ha practicado, en las últimas semanas, diligencias espinosas que “no han sido solicitadas” por el magistrado, matizó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Ha llamado a declarar, como testigos, a cargos del Gobierno de Carles Puigdemont y a funcionarios. Oída su declaración, algunos de ellos se han transformado en investigados, como el secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, y el director de Comunicación del Gobierno, Jaume Clotet. Hoy lo harán el director general de Difusión, Ignasi Genovès y la jefe de comunicación del Departamento de Exteriores, Transparencia y Relaciones Internacionales, Anna Molas.

La Generalitat se prepara para el contragolpe y prevé presentar, hoy mismo, una denuncia penal contra el magistrado y contra los agentes de la Guardia Civil involucrados en los interrogatorios. “Por vulneración de derechos fundamentales”, según señaló el portavoz del Gobierno, Jordi Turull. El Ejecutivo está molesto por los interrogatorios, pero también por la visita que, el pasado 13 de julio, hicieron agentes del instituto armado al Teatre Nacional de Catalunya (TNC), donde Junts pel Sí presentó la ley del referéndum.

La Guardia Civil anda detrás del dinero pagado en el alquiler del Teatro Nacional de Catalunya donde se presentó la ley del referéndum

La Guardia Civil anda detrás del dinero. Tanto en los interrogatorios —en los que pregunta por la página web del Pacto Nacional por el Referéndum— como con la entrada en el TNC, pretende aclarar si se han utilizado fondos públicos para impulsar el proceso independentista. La pista la dio, de nuevo, Vidal, cuando en sus conferencias públicas deslizó que la Generalitat dispone de una partida “oculta” de 400 millones para organizar la consulta. El exsenador republicano (tuvo que dimitir cuando EL PAÍS publicó sus conferencias) también dijo, entre otras cosas, que la Generalitat había obtenido los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal y que había estudiado el perfil ideológico de los 800 jueces que trabajan en Cataluña (“sabemos con quiénes podemos contar”, dijo).

La fiscalía abrió diligencias de inmediato para averiguar si lo revelado por Vidal era pura fantasía o se correspondía con la realidad. Pero el empresario, abogado y exdirector de la ONCE Miguel Duran fue más rápido y presentó una denuncia por revelación de secretos. El magistrado Ramírez Sunyer la admitió a trámite en febrero.

El juez ha decretado el secreto de sumario, medida que se utiliza para diligencias reservadas como una  intervención telefónica

El juez empezó a investigar. Pidió al Parlament, de entrada, la transcripción de la comparecencia en la que el vicepresidente Oriol Junqueras desmiente a Vidal. Y citó a algunos testigos. Fuentes de la fiscalía admiten que lo revelado por el juez es tan amplio que “ya permite, por sí mismo, una investigación amplísima”. Pero si el proceso abierto por instrucción 13 ha acabado aglutinando la investigación de delitos en torno al referéndum es porque ha recibido caudal de otros afluentes, que han pasado a engrosar la lista de delitos.

En marzo, Vox se querelló contra Junqueras y contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. El TSJC no vio indicios contra ellos, pero mandó la querella a los juzgados de Barcelona para que decidieran, con libre criterio, sobre los otros dos denunciados: el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, y el jurista y exvicepresidente del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi i Sunyer. El juez de turno reenvió el caso a Ramírez Sunyer, que admitió la querella por revelación de secretos (como en la denuncia inicial), pero también por malversación, sedición y rebelión. Vidal, Salvadó y Pi i Sunyer son los tres únicos imputados por el juez hasta ahora.

El magistrado dio un paso más cuando, un mes más tarde, dictó el secreto del sumario, que sigue vigente. En una instrucción, esta medida suele acordarse para la práctica de diligencias que necesitan un carácter reservado, como una intervención telefónica. A partir de la primera piedra de Vidal, la causa ha sido un imán también para la fiscalía, que engrosó aún más la maquinaria en mayo. Los fiscales habían abierto una investigación (por desobediencia, prevaricación y malversación) sobre los preparativos del referéndum; en particular, sobre la campaña de la Generalitat para fomentar el voto de los catalanes en el extranjero. Y la remitieron a Ramírez Sunyer. La Guardia Civil tomó declaración sobre esa campaña a funcionarios y empleados externos de la Generalitat.