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El juez del 3%: las mordidas eran “parte esencial de la financiación de CDC”

El sumario del caso revela al detalle las reuniones del tesorero de Convergència con empresarios

Reconstrucción de un sobre donde puede leerse "traspaso efectivo" que los investigadores sorprendieron a destruyendo a los responsables de CDC.

La Guardia Civil ha acreditado documentalmente y con todo lujo de detalles el pago de comisiones ilegales a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a cambio de la adjudicación de obra pública. El sumario del caso 3% recoge con detalle cómo en al menos seis casos se produce una secuencia temporal que vincula estrechamente tres elementos: reuniones en la sede del partido, donaciones a la fundación CatDem y adjudicaciones a la empresa donante.

El tesorero de Convergència, Andreu Viloca, es uno de los imputados en la trama. Según el juez de El Vendrell (Tarragona) que investiga el caso, era mucho más que el responsable de finanzas del partido. Según se desprende de su agenda y otros documentos intervenidos en la causa, Viloca mantenía un control exhaustivo de las adjudicaciones de administraciones controladas por CiU, unas "funciones que parecerían totalmente ajenas a su ámbito de actuación", señala el juez.

Las donaciones de las empresas constructoras, subraya el juez, servían para "catalizar, a modo de recompensa, la concesión de determinadas obras públicas". Esos pagos se convirtieron, abunda, en "parte esencial de la financiación de CDC", tal como recoge el auto de prisión de Viloca. El juez ha levantado este viernes, parcialmente, el secreto de sumario del caso 3%, lo que ha permitido conocer al detalle el material incautado (documentos, listados, agendas, correos electrónicos) intervenidos por la Guardia Civil a lo largo de más de dos años de investigación.

La Guardia Civil ha examinado a fondo esos documentos y ha podido acreditar de forma detallada ese entramado en "un total de seis supuestos". La participación de Viloca era la "clave de bóveda" de la trama de adjudicaciones por donaciones que, "de manera irregular, acabarían nutriendo y dotando de apoyo económico a CDC". Los casos analizados se refieren solamente al periodo 2011 y 2012 y se basan en la documentación hallada a Viloca durante el registro de su despacho, en agosto de 2015.

Uno de los casos alude a la adjudicación de un servicio de recogida de basura y limpieza por el Ayuntamiento de Olot (CiU) en 2011. El anuncio de licitación se publicó en el DOGC el 11 de abril. Un día después, Viloca mantuvo una reunión con Jordi Duran (Urbaser). En mitad de los acuerdos del pleno municipal de Olot, ambos se volvieron a encontrar. Y justo un día después de esa segunda reunión, la Fundación ACS —del grupo constructor del mismo nombre, entonces propietario de Urbaser— hizo una donación de 60.000 euros a la Fundación Fòrum Barcelona, una de las dos usadas por el partido para recibir donaciones que en realidad eran, presuntamente, mordidas por obra pública.

Otro caso llamativo tiene que ver con la construcción de un ambulatorio en Mataró (Barcelona). La obra se adjudicó a una UTE formada por Grupo Soler y Oproler. Salió a concurso el 3 de octubre de 2011. Dos semanas antes, Viloca y Lerma se habían reunido en la sede de Convergència, según consta en su agenda electrónica. Y apenas tres días después del anuncio, Viloca hizo un apunte significativo en su agenda: "Llamar a Rosell", en alusión al que entonces era número dos de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, también imputado en la trama. Además de la agenda, en el registro los investigadores descubrieron que Viloca había destruido documentos con una trituradora.

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