La Generalitat abre la vía a nuevas privatizaciones en el sector del agua

El Gobierno catalán prevé incluir en la próxima ley de acompañamiento de los Presupuestos una profunda modificación de la ley autonómica de aguas. El objetivo es que los municipios que no han asumido las competencias de saneamiento se hagan cargo a partir de 2018 de la titularidad y la gestión de las estaciones depuradoras. Fuentes del sector dan por hecho que, sin capacidad técnica ni de contratación de personal, ayuntamientos y consejos comarcales optarán por la privatización del servicio.

La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha trabajado en los últimos meses en los cambios normativos necesarios para que los municipios, tal y como estaba previsto en los años ochenta, asuman las competencias en saneamiento, que comprende desde el tratamiento de las aguas de las depuradoras, el mantenimiento de los colectores y el tratamiento de los fangos generados en los procesos de depuración. El Departamento de Territorio ha remitido a Economía el nuevo articulado para que lo incluya en la Ley de Medidas Fiscales y Financieras que acompañará a los Presupuestos de 2017. Se trata de un cambio sustancial en la política de saneamiento, ya que prevé que el mundo local asuma esa gestión y las responsabilidades que se deriven.

Algunos organismos supramunicipales —entre ellos el Área Metropolitana de Barcelona, el Consorcio de la Costa Brava y el consejo comarcal de Osona— ya se han encargado hasta ahora de asumir esas competencias y buena parte de ellas han confiado a empresas privadas o sociedades de capital público-privado la gestión de las instalaciones necesarias. Pero ante la falta de capacidad local, la Agencia Catalana del Agua se ha encargado hasta ahora de gestionar una buena parte de las 500 depuradoras que se reparten por Cataluña y que cubren al 97% de la población.

El texto propuesto, al que ha tenido acceso este diario, abre la puerta a que la gestión sea directa o indirecta, tal y como ocurre ahora. El texto no habla de ningún proceso de privatización, pero fuentes consultadas —tanto del sector como de participantes en las negociaciones con la ACA— admiten que en el estado en el que se encuentran las finanzas municipales y por su escasa capacidad técnica para asumir esa responsabilidad, una buena parte de los municipios se verán abocados a buscar la solución en la empresa privada.

Una portavoz de la Agencia Catalana del Agua apuntó que “el plan no tiene nada que ver con privatizaciones y que se trata de acercar más la gestión al territorio”. Como las propias Cuentas autonómicas, la continuidad de la ley de Acompañamiento depende de los votos afirmativos de la CUP. Su portavoz, Anna Gabriel, pidió el jueves, durante el debate de la cuestión de confianza a Carles Puigdemont, que “se pongan diques de contención a las políticas de adelgazamiento de los servicios públicos y de privatización”.

La plantilla de la ACA se ha preocupado por las repercusiones que puede tener el nuevo marco de saneamiento —sus técnicos dejarán de hacerlo— en su estructura, aunque parece descartada que se pueda producir una reestructuración de la plantilla.

El articulado permitirá la creación de nuevas tasas locales

En los cambios que se introducirán en la ley si se aprueba la Ley de Acompañamiento se prevé que un 30% del canon del agua que actualmente recauda la Generalitat se transfiera a los municipios para financiar “los sistemas públicos de saneamiento”. El año pasado se ingresó por ese concepto en torno a 437 millones de euros. Asimismo, el texto remitido contempla la posibilidad de que los entes locales puedan establecer una “tasa local” para la prestación del servicio de saneamiento para garantizar, aunque los técnicos consultados consideraron difícil que los municipios puedan explotar esa vía.

Sin embargo, los más críticos con el planteamiento de la Agencia Catalana del Agua señalan que ese plan puede acabar rompiendo el modelo de solidaridad territorial, en el que toda la población, más allá del tamaño de la población en la que reside o de los problemas financieros de su Ayuntamiento, pagaba las mismas tasas por el agua que consumían.

Además de la transferencia del canon del agua, la ACA ha previsto otros instrumentos para compensar a los municipios. Según consta en su propuesta de modificación de ley, creará un fondo de 60 millones de euros para pagar la actualización de las instalaciones hidráulicas de saneamiento existentes y otro de 20 millones para compensar entre 2018 y 2020 de la infradotación sufrida en los últimos años por los entes municipales que habían asumido la competencia en saneamiento. El plan financiero del organismo, centrado en el pago de su deuda, ha provocado que en los últimos años las inversiones se hayan reducido a la mínima expresión.

A partir de 2018 la situación económica de la Agencia Catalana del Agua cambiará sustancialmente, ya que habrá concluido el grueso de la amortización por su deuda, si bien no la acabará de cerrar hasta el año 2021.