Ningún dueño de pisos turísticos ilegales se acoge al plan de Colau

La prueba piloto del Ayuntamiento de Barcelona para convertir pisos turísticos ilegales en viviendas sociales no ha funcionado. Así lo reconoció ayer la teniente de alcalde Laia Ortiz que, en una respuesta al grupo municipal de CiU, explicó que de los más de 500 propietarios sancionados a los que el Consistorio se lo ha propuesto durante este año, solo cinco se han interesado, pero ninguno ha accedido a cederlo de momento. La entrega suponía condonar el 80% de la multa, pero pagarla y volver a alquilarlo como apartamento turístico sigue siendo más rentable.

Para la concejala convergente Maite Fondos, la respuesta supone la constatación “del un desastre y fracaso del Gobierno de Ada Colau”. Mitigar los efectos del turismo masivo es uno de los ejes clave de la legislatura del actual Gobierno local y la oposición liderada por CiU aprovecha cada ocasión para poner a Colau contra las cuerdas.

Ortiz, por su parte, especificó que el Ayuntamiento notificó en dos fases a los sancionados la posibilidad de acogerse al plan de cesión. En la primera, fueron 431 propietarios los avisados y en la segunda, un total de 112. “No venimos exultantes con este resultado, pero también hay que pensar que no es una medida aislada”, se defendió la concejala. Ortiz citó todas las propuestas que el Consistorio ha ido poniendo en marcha sobre el tema, pero reconoció que aún necesita culminar completamente el plan especial de alojamientos turísticos (PEUAT) que ha superado la fase de alegaciones. “Además de medidas sancionadoras, necesitamos otras incentivadoras, pero en este caso no ha funcionado porque la presión turística todavía da muchos alicientes”, añadió la teniente de alcalde.

La propuesta estaba enfocada sobre todo en Ciutat Vella, distrito que sufría una media de 250 desahucios al mes en 2014, y en el que solo durante ese verano se detectaron 368 viviendas destinadas al uso turístico sin licencia. En paralelo, Colau prorrogó la moratoria de nuevas licencias de pisos turísticos que impulsó su predecesor convergente Xavier Trias y limitó la acción de plataformas de alquiler entre particulares como Airbnb.

La prueba empezó en septiembre y el resultado descubre que el problema sigue generando quejas entre los vecinos de los barrios del distrito. El ejemplo más cercano: una manifestación el sábado pasado entre las terrazas de la Barceloneta. La multa por alquilar pisos sin licencia —contemplada en la Ley del Derecho a la Vivienda de 2007— puede oscilar entre los 9.000 y los 90.000 euros. El consistorio propone a través de esta prueba piloto condonar el 80% de la sanción si los propietarios ceden la vivienda, por un mínimo de tres años, para el uso social. Los pisos se destinarían a ampliar el parque social, pensando en familias que se encuentren en situación de emergencia. En el caso de Ciutat Vella, las sanciones a las viviendas turísticas sin licencia se fijaron en 15.000 euros “por la proporcionalidad de la infracción”, según explicó el Ayuntamiento cuando presentó el plan el verano pasado.