Una población contra Barajas

“No es como vivir cerca de una carretera. Es imposible acostumbrarse al ruido de las aeronaves”, garantiza José María Serrano-Pubul, vecino de Ciudad Santo Domingo desde los años 90. Serrano-Pubul es director de una consultoría de comunicación y finanzas, pero, desde que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha construido una nueva pista en 1998, también es experto en temas de tráfico aéreo. Para acercarse a la pista 18R/36L, la más larga del aeropuerto madrileño, los aviones pasan exactamente sobre Ciudad de Santo Domingo. “El primer sobrevuelo puede ser divertido. Puedes sacar a los niños para que vean la panza del avión. Pero cuando viene el décimo no sabes dónde esconderte. Es como estar en una zona militar”, se queja el portavoz de la Asociación contra el Ruido y Riesgo de Aeronaves Ciudad Santo Domingo.

El conflicto entre los vecinos de Ciudad de Santo Domingo y Aena ya lleva más de 10 años. En 2004, un grupo de 345 vecinos de la urbanización de Algete interpusieron un recurso contra Aena para poner un fin al ruido de los sobrevuelos. El largo proceso ha llegado al Tribunal Supremo y solo cinco vecinos siguieron hasta el final en esta costosa cruzada. En 2008, los habitantes de la urbanización pensaron que su batalla estaba vencida: tras una serie de mediciones en diferentes puntos de la población, el Supremo estimó que el ruido excesivo del tráfico aéreo lesionaba el derecho a la intimidad domiciliaria y ordenó el cese del motivo de la lesión.

“Ordenaron el cese del ruido, no la reducción”, subraya Serrano-Pubul. Sin embargo, los aviones que quitan la paz de los vecinos no han dejado de pasar por Ciudad de Santo Domingo. En dos sentencias adicionales, una en 2011 y otra en 2013, el Supremo reconoce que la lesión se mantiene y que su sentencia no fue ejecutada. Después de tanta espera, los residentes decidieron interponer una querella criminal por presuntos delitos de desobediencia y contra el medio ambiente. La insistencia ha resultado: el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha citado a declarar como investigados (antigua imputación) hoy al presidente y consejero delegado de AENA, José Manuel Vargas Gómez, y al anterior presidente de la entidad, Juan Ignacio Lema Devesa.

Impacto limitado

La afamada pista 18R/36L es usada por los aviones que hacen largos recorridos, como los que cruzan el Atlántico. Según los cálculos de Aena, la reducción de un 30% de las operaciones en esa zona afectaría directamente el funcionamiento del aeropuerto, principalmente las conexiones de Madrid con Latinoamérica. Los vecinos cuestionan esa posición ya que, para ellos, el problema son los aterrizajes desde el Norte.

En su decisión, el Supremo ya había señalado que "hay rutas de aproximación al aeropuerto cuando este opera en configuración Sur que no incluyen el sobrevuelo de Ciudad Santo Domingo". Los habitantes defienden que la situación es perfectamente evitable también con los aterrizajes desde el Norte hacia Barajas por el valle del Jarama, esquivando la población. “La reducción de un 30% de los sobrevuelos en esos aterrizajes a esa pista supone el 1,5% de todas las operaciones de Barajas en 2015. El efecto de ejecutar la sentencia tiene un impacto limitado”, señala el portavoz de los vecinos.

Se trata de una batalla clásica entre los intereses económicos de gigantes como Aena y el aeropuerto de Barajas y el bienestar de los vecinos de una población que, hay que reconocer, es considerada de lujo. Sin embargo, las quejas de los residentes de la urbanización no son exageradas. La Organización Mundial de Salud recomienda que el ruido en una zona residencial no supere los 55 decibelios y la normativa sobre edificabilidad recomienda la exposición de un máximo de 45 decibelios en el interior de las casas. En los días del año en los que los aviones pasan por Ciudad de Santo Domingo, el sonido del sobrevuelo alcanza picos de casi 80 decibelios.

Serrano-Pubul cuenta que los disturbios causados por el exceso de ruido afectan principalmente a los niños y las personas mayores. “Hay informes médicos que determinan que puede producir angustia y depresión. Y es muy poco compatible con la vida normal, con el trabajo y el estudio”, comenta con un tono irritado. Según el portavoz, en el caso de los residentes que han pasado por el médico, la situación se agrava porque saben que tienen una sentencia ganada que no se está ejecutando.

“Cuando vinimos vivir a Ciudad de Santo Domingo era una zona tranquila, residencial, se escuchaban los pájaros...”, recuerda Serrano-Pubul. Pero deja claro que, aunque todo haya cambiado desde entonces, no piensa en ir vivir a otro lado. “Las personas que viven aquí tienen sus viviendas desde hace muchos años. Lo tienen todo en Ciudad de Santo Domingo, su vida, su patrimonio… Y jamás permitiremos que eso siga pasando”, asegura.