Europa ultraja a los refugiados

Mientras los políticos españoles en campaña electoral hablan de patrias y nacionalismos diversos, en el mundo hay 160 millones de desplazados, abandonados a su suerte. Cuánta razón tenía el profesor Javier de Lucas cuando, hace un año, decía que el Mediterráneo era el “naufragio de Europa”. Las cifras, siempre relativas, sobre las personas que han llegado de Irak, Afganistán y, sobre todo, Siria, a nuestras costas desde 2011 expresan una auténtica catástrofe humanitaria. Según la OIM, desde 2000 hasta 2014 han muerto en el Mediterráneo 22.394 personas que, huyendo de la violencia y el hambre, pretendían llegar a Europa, una media de 1.500 por año. En la última semana de mayo, los náufragos fallecidos en la travesía desde las costas de Libia a Italia alcanzan entre 500 y 1.000 personas. Los refugiados que pretenden alcanzar las costas de Grecia e Italia suman varios millones de personas; según ACNUR, “el 60% de ellas mujeres y niños”.

Es de destacar que la inmensa mayoría de estos migrantes huyen de la guerra, la violencia y la destrucción de sus viviendas; por ello, la Convención de Ginebra de 1951 ya reconoció “el carácter social y humanitario del problema de los refugiados”. La respuesta de la UE es ya conocida. El rechazo a acoger y reubicar a todas aquellas personas desde una posición entre xenófoba e insolidaria. Y, por supuesto, violando las directivas y otras decisiones que, con mucha anterioridad, ya habían previsto cómo actuar ante la “afluencia masiva y repentina” de migrantes, especialmente si eran refugiados.

Pero los dirigentes europeos no solo han vulnerado sus propias normas comunitarias, sino que han ido mucho más lejos. El 18 de marzo aprobaron un acuerdo con Turquía por el que, tratando a los refugiados como si fueran mercancías, decidieron la devolución a ese país de los refugiados que habían llegado a Grecia negándoles sin más el fundamental derecho de asilo; pese a ello, a día de hoy continúan en este país más de 50.000 personas, familias completas, menores, enfermos, todos viviendo en campamentos que carecen de los servicios más elementales. Y lo hacen sabiendo que tienen prohibidas las “expulsiones colectivas” de extranjeros, cualquiera que fuese su condición, y que Turquía no cumple en absoluto los requisitos para ser considerado un “tercer país seguro”, como exige la normativa. Es decir, que no ofrece ninguna garantía de que los refugiados devueltos vayan a ser respetados en sus derechos, especialmente a la vida y a la libertad.

En efecto, así lo ha acreditado el grupo de eurodiputados de la Izquierda Unitaria Europea que a principios de mayo visitaron los campos donde están internados los refugiados devueltos antes del acuerdo. La eurodiputada Marina Albiol decía: “Un millón de niños refugiados en Turquía tienen edad escolar. Sin embargo, solo el 13% puede ir a la escuela”. La realidad que observaron era de una dureza inaudita. Documentaron la aplicación de un régimen carcelario a miles de personas o un duro trato policial. Por otra parte, la UE no desconoce que el Estado turco ha reprimido y bombardeado a los kurdos y que, según el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, dicho Estado es el segundo, tras la Federación Rusa, en la práctica de la tortura. Por todo ello, los representantes del Parlamento europeo titularon su Informe Lo que Merkel, Tusk y Timmermans deberían haber visto durante su visita a Turquía.

Amnistía Internacional ha dicho que para aplicar aquel acuerdo “hay que tener corazón de piedra y un absoluto desprecio por el derecho internacional”. Desde la perspectiva del derecho europeo, representa un absoluto menosprecio por los valores expresados en el artículo 2 del Tratado de la UE: “La dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho, y el respeto de los derechos humanos”. Valores comunes a una sociedad caracterizada por “el pluralismo, no discriminación, tolerancia, justicia, solidaridad e igualdad entre hombres y mujeres”. Valores evidentemente no solo olvidados sino pisoteados en el trato dado a miles de personas y familias entre las que se incluyen desde luego “personas vulnerables”, sobre todo menores no acompañados y enfermos, a quienes el ordenamiento comunitario exige una especial atención.

Resultan alentadoras las noticias que llegan de que víctimas de estos crímenes están apelando al Tribunal de Justicia de Luxemburgo para conseguir la anulación de ese acuerdo tan injusto como ilegal.

Carlos Jiménez Villarejo fue fiscal jefe anticorrupción.