La Confederación del Tajo expedienta a Móstoles y a Arroyomolinos por los vertidos al Guadarrama
Buena parte de la basura que acaba en el río procede de asentamientos ilegales de esas localidades
El río Guadarrama, al sur de la Comunidad de Madrid, parece en algunos tramos un vertedero, con bolsas de plástico, colchones, muebles, esqueletos de electrodomésticos... Basuras que en buena parte proceden de los asentamientos ilegales de Móstoles y Arroyomolinos. En pleno proceso para realojar a los vecinos de esos poblados, la Confederación Hidrográfica del Tajo ha decidido abrir expediente sancionador a estos dos municipios por no impedir que se produzcan esos vertidos. El alcalde de Móstoles, David Lucas, no entiende la actitud del organismo de cuenca, cuando poco antes, en el mes de febrero, había ofrecido al Consistorio para limpiar el cauce ellos mismos y proteger la zona para evitar que se continúe ensuciando el río.
En las últimas semanas, la Confederación Hidrográfica de Tajo limpió de residuos urbanos el río Guadarrama a su paso por el pequeño municipio de Batres, de 1.500 habitantes, a 44 kilómetros al sur de la capital, en el extremo sur de la Comunidad de Madrid. Auténticos tapones de varias toneladas de basura cubrían el río en pleno Parque Regional de la Cuenca Media del Guadarrama (la suciedad y las labores de limpieza se pueden ver en el vídeo que acompaña a esta información). Buena parte de ellos proceden de aguas arriba, del poblado de Las Sabinas, uno de los tres asentamientos chabolistas que quedan en la Comunidad de Madrid. Muchos de sus habitantes se dedican al negocio de la chatarra, y algunos de ellos se desprendan de las sobras en el lugar que hallan más a mano: el río.
Si bien la limpieza del cauce depende de la confederación, y la gestión del parque regional depende de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, la responsabilidad de controlar los vertidos es de los Ayuntamientos. Y en medio de todos ellos, el problema lleva varios lustros sin resolver.
Pero a finales del pasado mes de abril, la Confederación del Tajo, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, envió un boletín de denuncia a los Ayuntamientos de Arroyomolinos y Móstoles, advirtiéndoles de los vertidos y pidiéndoles que intenten controlarlos. Una comunicación que resulta sorprendente para ambos Consistorios. “Nos dicen lo que ya sabemos todos, que hay vertidos”, dice el alcalde Móstoles, David Lucas (PSOE), que admite que el río Guadarrama padece “un deterioro tremendo”.
Pero ese boletín es el paso previo ineludible tras el que se les ha abierto un expediente sancionador, según fuentes de a confederación. Los expedientes abren, a su vez, un largo proceso, repleto de informes y alegaciones, que puede acabar con cuantionas multas, dependiendo de la gravedad del daño causado. Pero, se llegue o no a esa resolución final más extrema, la confederación ya ha dejado claro con la apertura de este procedimiento, por escrito, que considera que la responsabilidad de que los vertidos acaben en el río es de los Ayuntamientos.
David Lucas no oculta su malestar y asegura que, si sigue adelante, su Consistorio también estudiará expedientar a la confederación. Insiste en que se trata de un problema que lleva ahí muchos años y que él lleva intentando arreglarlo desde que llegó a la alcaldía en junio pasado. “Nosotros lo hemos denunciado porque los vertidos y la no limpieza han conducido a una situación tremenda que provoca que muchos residuos acaben en otras poblaciones”, por ejemplo, en Batres.
Lucas cuenta que el 9 de febrero se reunió con el presidente de la confederación, y le pidió una limpieza, como ya habían hecho en otras ocasiones (en 2011 sacaron casi 200 toneladas de residuos de la zona de Móstoles, Arroyomolinos y Batres), pues el cauce lleva años colmatado de basura, la misma que corre río abajo cuando sube el caudal. “Me dijeron que no pensaban limpiar hasta que no se solucionase el problema de los asentamientos ilegales. Les expliqué que el realojo está en proceso [hay un convenio firmado para ello con el Gobierno regional], pero que tardará y la limpieza es necesaria desde hace tiempo. Les dije: ‘Si lo limpiáis, yo me comprometo a establecer un dispositivo al día siguiente con la policía local, hablando con el SEPRONA de la Guardia Civil, para garantizar que no se ensucia de nuevo’. Pero me dijeron que no, y tampoco me dejan limpiar como Ayuntamiento porque excede mis competencias”, protesta amargamente Lucas.
Una perplejidad y un disgusto parecido lo muestran en el Consistorio de Arroyomolinos, gobernado por Ciudadanos. A diferencia de Móstoles (la segunda mayor ciudad de la Comunidad, con algo más de 200.000 habitantes), esta pequeña localidad de 26.800 vecinos a 29 kilómetros al suroeste de la región no puede hacer ofrecimientos. “Nadie tiene los recursos suficientes, ni la Guardia Civil ni los agentes forestales son suficientes para ejercer un control tanto en los vertidos como en los asentamientos ilegales”, sostiene el concejal de Urbanismo del municipio, Andrés Martínez Blanes.
En su municipio van a poner en marcha un equipo de voluntarios de entre 50 y 100 personas para proceder a realizar limpiezas manuales. Una solución a corto plazo, que precisa de un seguimiento posterior que escapa a las competencias municipales. “La responsabilidad es compartida y entre todos se está haciendo dejación de funciones”, asegura este edil que no esconde la sensación de que les han abandonado a su suerte con el problema. Y, encima, ahora les abren expediente.
La solución es complicada, añade, porque gran parte de los residentes en el poblado de Las Sabinas vive de la chatarra, profesión que deja su rastro de carcasas de neveras, televisiones, partes de coches, entre otras mil basuras en el cauce del río Guadarrama. El poblado nació como un lugar agradable y fresco para pasar el día en el campo. No pasó mucho tiempo hasta que se empezaron a levantar las primeras viviendas, muy humildes. Hasta que llegó la luz, la construcción de pozos para sacar agua e incluso una pequeña ermita inaugurada por el obispo de la diócesis en 1994. Los vecinos no pagan IBI, pero muchos consiguieron una cédula de habitabilidad, por lo que no consideran que sus viviendas sean ilegales.
La Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos afectados están de acuerdo en sacar adelantes el plan firmado en 2013 para desmantelar el poblado y realojar a las familias, a pesar de la reticencia de vecinos que han construido casas que cuentan con todos los servicios, huerta incluida. El presupuesto para todo el proceso, que incluye la adquisición de 376 viviendas en Arroyomolinos y Móstoles, es de 33 millones de euros.
Pero el alcalde de Móstoles, David Lucas, insiste en que es que ese proceso se puede demorar hasta tres años y que el río necesita ya una limpieza. Para él solo existe una salida: que las tres administraciones (la local, la Comunidad de Madrid y la Confederación Hidrográfica del Tajo) “tengan la voluntad de sentarse y coordinarse”. Porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid es el responsable del Parque regional del Curso medio del río Guadarrama, un entorno protegido por “sus recursos paisajísticos, geológicos, geomorfológicos, hidrográficos, botánicos y faunísticos”. “Algo tendrá que decir sobre todo esto el Gobierno regional”, reclama Lucas.
Del baño en aguas limpias al vertedero actual
El poblado de Las Sabinas, situado en el kilómetro 25 de la carretera de Extremadura, se extiende amparado por las márgenes del río Guadarrama entre los municipios de Móstoles y Arroyomolinos. Es uno de los tres focos de chabolismo que aún perduran en la región junto con el de Cañada Real y Gallinero, ambos en Madrid. El censo oficial de familias es de 252 en Móstoles y 124 en Arroyomolinos. Una cifra engañosa, porque cada vez que se desmantela un asentamiento ilegal en otro lugar hay personas que se mudan a Las Sabinas. El poblado nació a principios de los años setenta del siglo pasado. Los primeros vecinos, que reniegan de que se considere chabolas a sus casas, recuerdan los baños de entonces en un río todavía limpio y que bebían agua de un manantial cercano.
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