Cuando el Ayuntamiento de Barcelona dijo “no” al catalán

Cuatro de marzo de 1975. El regidor Jacint Soler Padró presenta una enmienda —en el debate de la aprobación de los presupuestos de Barcelona de aquel año— que suponía destinar 50 millones de pesetas para financiar clases de catalán en las escuelas de primaria. Algo posible porque ya lo preveía la Ley General de Educación de 1970 “como medio para lograr una efectiva incorporación de las peculiaridades regionales al patrimonio cultural español”, según describía el texto. La ley existía pero no se había avanzado demasiado en su aplicación. La enmienda se presentó al pleno y fue rechazada por 18 regidores, 9 votaron a favor y 7 se abstuvieron. Entre ellos el alcalde, Enric Masó.

Los que votaron “no” eran indiscutiblemente afectos al régimen franquista, como José Güell Ramón, que en los años 80 se alineó con Alianza Popular; Pedro Salvat Virgili, que ya en democracia presidió el Círculo Ecuestre; Rafael de Ferrater, que en las elecciones de 1977 se presentó por Alianza Popular y Pedro Llorens, que andando los años recibió la Creu de Sant Jordi (2003) y se convirtió en el presidente de la Confederación de Comercio y políticamente se situó en la órbita de Convergència Democràtica de Catalunya. Entre los que, por el contrario, votaron sí a la enmienda del catalán estaban, además del promotor, el empresario Soler Padró, el catedrático de la UB Manuel Serra, Eduardo Tarragona, que en 1982 fue diputado por Alianza Popular, Manuel Altaba, catedrático de la UB que en 1976 fue el primer teniente de alcalde con Josep María Socías Humbert y Eudaldo Trave que en 1982 fue secretario general de Alianza Popular en 1982 y miembro de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat entre 1984 y 1997.

 “No fue una votación dirigida, cada uno expresó lo que pensaba. El rechazo a la enmienda del catalán provocó la movilización social y también el posicionamiento claramente contrario de algunas cabeceras de periódicos —'Unánime repulsa al no municipal sobre la enseñanza en catalán'- y la tibieza de otras —'No hay dinero para el catalán'—” , explica Martí Marín, historiador de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y autor de una tesis sobre los ayuntamientos catalanes durante el franquismo. Marín es el comisario de la exposición 1975. Los regidores del NO al catalán que se puede ver en el patio del Palau de la Virreina de Barcelona hasta el 26 de junio y que ha sido promovida por el comisionado de Programas de Memoria del consistorio. Se ha realizado en el 41 aniversario de aquel sonado pleno municipal, no en 2015, a los 40 años redondos.

El “NO” del Ayuntamiento de Barcelona resultó chocante porque en aquellas mismas fechas la Diputación de Barcelona, presidida por Joan Antoni Samaranch, promovía medidas similares: “Él intentaba convencer al régimen franquista de las ventajas de tolerar el catalanismo moderado. Probablemente no por convencimiento personal sino para dividir a la oposición”, considera Martí. Así las cosas, el mismo Ayuntamiento que rechazó el catalán rectificó inmediatamente. Un giro de 180 grados en el que intervino el entonces gobernador civil: Rodolfo Martín Villa. “Eran los últimos compases del franquismo y se calculaban muy bien los movimientos”, sostiene el comisario de la muestra. La forma de rectificar del consistorio fue la creación de tres comisiones “para el fomento de la cultura catalana” con la dotación económica que planteaba Soler Padró en la enmienda rechazada en el pleno. El que después se convirtió en un conocido empresario catalán era uno de los regidores “sospechosos” del ayuntamiento franquista —elegido como representante de la Universidad de Barcelona— tal como destacaban los informes del Gobierno Civil preceptivos en los nombramientos de los ediles.

Una designación de cargos electos que estaba totalmente controlada. De los 35 regidores que formaban el consistorio en marzo de 1975, la mayor parte eran militantes de Falange Española de las JONS (FET-JONS), o tenían cargos en el Sindicato Vertical o se consideraban “adictos” al régimen. Además de Soler Padró, los informes gubernativos decían de Manuel Altaba Font, catedrático de la UB, que “políticamente no es de confianza”.

La elección de los ediles se hacía por tercios: el que promovía la Organización Sindical Española —sobre una lista que confeccionaba el alcalde y las jerarquías sindicales—, el familiar —integrado por los electores cabezas de familia y desde 1970 las mujeres casadas— y el llamado corporativo que era supervisado directamente por el gobernador.

Actas de votaciones e informes del Gobierno Civil de turno de los regidores, además de las informaciones que aparecían en la prensa, han sido las fuentes de documentación básicas para la preparación de la muestra que tiene un sencillo formato (plafones) y acaba con una pequeña instalación en el que se escucha la canción 18 Jutges que compuso La Trinca sobre el affaire de los 18 regidores que votaron no.