La Junta pagará cuatro cursos al principal imputado en el fraude

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado a la Junta de Andalucía a pagar al principal investigado por los fraudes de la formación, el exconsejero andaluz Ángel Ojeda, 34.600 euros por cursos aprobados en 2011, justificados dos años más tarde y que no se empezaron a revisar hasta cuatro años después. La resolución parte de la sección primera de la sala contencioso administrativa del TSJA en respuesta a la demanda interpuesta por la entidad del exconsejero Asociación de Apoyo a la Integración Humanitas. Ojeda fue detenido en agosto de 2014 tras captar 49,8 millones de euros en ayudas para la formación, según la policía.

La Junta concedió el 16 de diciembre de 2011 una ayuda de 34.600,50 euros por cursos de los que se remitieron los justificantes el 29 de noviembre de 2013. Sin embargo, esos cursos no fueron abonados en su totalidad por parte de la Junta, según el TSJA, que condena a la Administración por incumplir la obligación de liquidar las ayudas concedidas y al pago de los intereses legales.

“La Administración nada ha opuesto, en sede administrativa, a dicha liquidación pues se ha limitado a denegarla por silencio”, argumenta en su resolución la sala del TSJA, que considera justificados los gastos de Humanitas.

Cuatro años para revisar

También desestima el tribunal el argumento del Gobierno andaluz sobre la necesidad de “comprobar” antes de pagar puesto que considera que se incumplieron los tres meses de plazo para resolver la reclamación y revisar los cursos. La Junta tardó cuatro años en abrir el expediente de comprobación.

Ojeda tiene previsto declarar el próximo lunes 11 de abril en la comisión de investigación de los cursos creada en el Parlamento de Andalucía, adonde este viernes comenzaron a llegar los 41.800 expedientes de todos los cursos de formación subvencionados por la Junta. Los parlamentarios de IU y Podemos han cuestionado la recepción de los millones de folios, para los que se tendrán que habilitar espacios especiales, porque no responden a sus demandas específicas de información.

El exconsejero defiende la legalidad de todos los cursos impartidos y denunció a la Junta de Andalucía ante los tribunales por un presunto delito de prevaricación que afectaría a todos los miles de empresas y empresarios beneficiarios de cursos.