El Parlament crea una comisión contra la corrupción

Después de siete meses de parálisis, el Parlamento catalán ha echado a andar este miércoles con la primera sesión ordinaria en la que, entre otras medidas, se ha aprobado por unanimidad de la cámara la creación de una comisión de estudio de medidas de lucha contra la corrupción y por la regeneración democrática.

En la exposición de motivos se justifica la medida por "la gran cantidad de episodios de corrupción aparecidos en los últimos tiempos" y teniendo en cuenta que "la corrupción y el fraude son la segunda preocupación de los catalanes". La creación de esta comisión fue propuesta por Ciudadanos y aceptada por el resto de grupos, que esta mañana han aprobado también por unanimidad la creación de otras 15 comisiones legislativas y cuatro de seguimiento.

La comisión contra la corrupción promete estudiar la adopción de medidas para evitar las malas prácticas en las empresas, sean públicas o privadas, en la financiación de partidos y las fundaciones vinculadas y en los mecanismos de regeneración democráctica. También anuncian que vigilarán el desarrollo del pacto social contra la corrupción que Artur Mas firmó en su día con diferentes organismos.

El Parlament adopta la decisión tras los numerosos escándalos aparecidos en la anterior legislatura y que salpicaron principalmente a Convergència (desde la confesión de Jordi Pujol a los procesos judiciales del 3%), pero también al PSC, en procesos como el caso Mercurio de corrupción urbanística.

La confesión del expresidente catalán provocó en su día la comisión de una comisión de investigación por la que desfilaron decenas de testigos y que finalizó con la redacción de unas conclusiones. El Parlament propone ahora que se realice un seguimiento de las medidas que se aprobaron entonces y cómo se están aplicando.

El Parlament ha aprobado también otra comisión de estudio "del proceso constituyente", con el apoyo de Junts pel Sí, la CUP y Catalunya sí que es Pot (80 votos) , y la oposición de Ciudadanos, PSC y PP (51 votos). La comisión se propone analizar "las diversas modalidades de estructura de Estado", desder los derechos y deberes, a las garantías constitucionales, la participación ciudadana o el modelo socioeconómico.

La CUP y Junts pel Sí pretendían que se tratara de una comisión legislativa, pero la izquierda alternativa sugirió que fuera de estudio para evitar que la recurriera el Gobierno al considerarla un desarrollo de la declaración soberanista del 9 de noviembre que anuló el Tribunal Constitucional. Finalmente, y con el fin de ensanchar la base soberanista, las dos formaciones independentistas accedieron a que fuera una comisión de estudio.

En la propuesta de creación y a diferencia de otras comisiones de estudio aprobadas hoy, no se acota su duración al tiempo que dure la legislatura, o a un período de tiempo concreto, ni tampoco se anuncia que redactará un informe final.

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha justificado hoy que el PSC no se sumará esa comisión de estudio del proceso constituyente al recordar el precedente de la pasada legislatura, en la que se creó "a bombo y plantillo" una comisión de estudio del derecho a decidir, que ni siquiera pudo redactar un informe final.

Por su parte, Carlos Carrizosa (Ciudadanos) ha argumentado que su partido se opone a la comisión porque "será una ponencia constitucional encubierta", mientras que Enric Millo la ha calificado de "fraude", al considerar que "solo sirve para generar conflicto y es la comisión de la ruptura".

Por el contrario, Joan Coscubiela, ha defendido que Catalunya sí que es Pot se sume a la comisión y ha reclamado al PSC "que no la mate antes de iniciarla". El ecosocialista ha insistido en que "no es la comisión del proceso constituyente ni para la independencia ni para el Estado federal".

Eulàlia Reguant (CUP) ha dicho que la comisión solo respondía a una demanda social y que negar el apoyo que tiene la independencia en una parte de la población no hará desaparecer el proceso. La diputada ha invocado la resolución del 9 de noviembre para reclamar que la comisión fuera legislativa, como propuso inicialmente la formación anticapitalista, aunque finalmente ha aceptado que fuera de estudio para incorporar a más formaciones. Finalmente, Marta Rovira (Junts pel Sí) ha insistido en el "mandato democrático" surgido de las urnas para crear esa comisión