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La fiscalía cree que la Generalitat dio contratos a medida a firmas del 3%

Josep Antoni Rosell ideó presuntamente un nuevo sistema para favorecer a las empresas afines a CDC

Andreu Viloca, ayer en el juzgado de El Vendrell. Ampliar foto
Andreu Viloca, ayer en el juzgado de El Vendrell. EFE

La Fiscalía Anticorrupción cree que Josep Antoni Rosell, número dos de Infraestructures.cat, la mayor licitadora de obra pública de la Generalitat, “manipuló” los expedientes de contratación para favorecer a empresas que hacían donaciones a las fundaciones controladas por Convergència. Rosell, quien hoy pasa a disposición judicial, ideó hace cuatro años un sistema que, bajo una apariencia formal inmaculada, permitió beneficiar a empresas afines al partido de Artur Mas.

En 2011, cuando Convergència recuperó el poder en la Generalitat, Rosell fue nombrado director general de Infraestructures.cat. Y tomó dos decisiones clave. Por un lado, cambió los criterios para evaluar las ofertas de las empresas: otorgó mucho mayor peso a la parte técnica (más arbitraria) que a la económica. Por otro, designó a una persona de su absoluta confianza como jefe de la Oficina Técnica de Evaluación, el órgano que, en última instancia, controla y decide las adjudicaciones.

Antes de la llegada del Gobierno de Mas y de su equipo, Infraestructures.cat, que entonces se llamaba Gisa, otorgaba a la oferta económica un peso muy superior (70%) a la técnica, lo que daba a las empresas candidatas mayor flexibilidad para aspirar a contratos con la Administración. Rosell dio un giro y la parte técnica (sometida a una valoración subjetiva) pasó a tener el peso mayoritario en la puntuación final.

La consecuencia, según fuentes del caso, es que el margen de acción de las empresas en lo económico queda mermado y todas las ofertas acaban siendo muy similares. El todo por el todo se juega en el apartado técnico. Y ahí ha desempeñado un papel decisivo, indicen las mismas fuentes, el ingeniero Jaume Cortasa. Como jefe de la Oficina Técnica de Evaluación, Cortasa recibía supuestamente instrucciones de su director general para orientar las adjudicaciones. “El papel de Rosell era decisivo, por eso está detenido”, señalan fuentes de la investigación. La fiscalía está recabando información de extrabajadores y excargos de la antigua Gisa.

Cuando Infraestructures.cat licita una obra pública y las empresas lanzan sus ofertas, los técnicos del organismo realizan una primera valoración. Tras su paso por la oficina de Cortasa, esa valoración queda “alterada”, según las citadas fuentes.

Tanto Cortasa como Albert Farreras, jefe de la división de obras hidráulicas de Infraestructures.cat desde 2011, fueron fichados por Rosell. Cortasa había trabajado en Regsega, la sociedad pública que promovió el canal Segarra-Garrigues. Y Farreras, en Regsa, otra firma pública de planificación de riegos. Los tres habían coincidido en esa etapa anterior entre sí y también con el máximo responsable actual de Infraestructures.cat, Joan Lluís Quer. Este último está imputado en otra causa por irregularidades en la adjudicación de un contrato de 7,6 millones.

Acusado ahora por la justicia, Rosell ya fue señalado por el gabinete jurídico de la Generalitat hace dos años. Y con ocasión de otra gran (y polémica) adjudicación del Gobierno catalán: Aguas Ter-Llobregat (ATLL). En 2013, el gabinete vio indicios de ilegalidad en la actuación del Órgano de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), que elaboró un informe en el que anulaba la concesión de ATLL a Acciona.

Los abogados pusieron en duda la actuación de Rosell, que era uno de los miembros de la mesa de contratación, porque dio a ese órgano argumentos contra Acciona a espaldas del resto de miembros de la mesa.

Rosell respondió a un correo que el jefe del organismo le había dirigido a él y a Farreras. El gran competidor de Acciona por ATLL es Agbar. Antes, Rosell ya había intentado interceder en la adjudicación, cuando propuso mejorar la puntuación técnica de la oferta de Agbar. La Agencia Catalana del Agua se opuso. Todas las fuentes consultadas coinciden en que el consejero de Justicia, Germà Gordó, fue favorable a Agbar.

Rosell estuvo presente en el registro de la Guardia Civil en Infraestructures.cat, que se alargó hasta la noche. “¿Esto qué es?” “¿Es un ranking de empresas?” “¿Y esto, una rebaja?”, preguntaron los agentes. Rosell respondió, por ejemplo, que esos rankings los confeccionaban las propias empresas para demostrar que tenían más obras que sus competidores. Los agentes se llevaron 26 grandes cajas del sótano del organismo público.

Diez obras bajo sospecha

Con la detención de Josep Antoni Rosell y el registro de Infraestructures.cat, la investigación sobre el 3% ha dado un salto cualitativo. Ya no se limita a Ayuntamientos controlados por CiU, sino que se centra ahora en la obra pública concedida por el Gobierno de Artur Mas. Además han sido detenidos siete directivos de constructoras catalanas que pagaron supuestamente comisiones ilegales a Convergència a cambio de la adjudicación de obras públicas. Esas comisiones se camuflaban como donaciones a las dos fundaciones controladas por el partido (CatDem y Fundació Fòrum Barcelona) y de las que era tesorero Andreu Viloca, también detenido.

En el primer registro de su despacho, el pasado 28 de agosto, los agentes hallaron una trituradora y, en ella, unos papeles relevantes para el caso. La Fiscalía Anticorrupción se ha centrado en “lo más urgente” y ha examinado una decena de obras bajo sospecha adjudicadas por Infraestructures.cat a las empresas registradas en la operación. La fiscalía ha cotejado los expedientes con las donaciones aportadas a las fundaciones.

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