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OPINIÓN

Incumplir la ley

La inmersión no ha sido ningún éxito. Imponer que el catalán sea la única lengua utilizada en la enseñanza es un grave error porque desaprovecha las ventajas pedagógicas del bilingüismo

De nuevo deben ser los jueces quienes obliguen a la Generalitat a cumplir la ley. En determinadas materias, siempre las mismas, aquellas de carácter identitario, las autoridades catalanas son sistemáticamente desobedientes. A veces pienso que los ciudadanos deberíamos adoptar la misma actitud. Por ejemplo, dejar de pagar el IBI a los ayuntamientos que coloquen la bandera estelada en su fachada o los tributos autonómicos cuando la consellera de Enseñanza proclame por enésima vez que no piensa cumplir las sentencias sobre la lengua escolar. No lo haremos, somos demócratas, pero se lo merecen.

Los jueces no aprueban leyes sino que las aplican. Es por eso que echar la culpa a los jueces por sus decisiones es ignorar su función. Un juez puede estar profundamente en desacuerdo con el contenido de una ley pero debe hacerla cumplir en el ejercicio de su función de juez. Cuando se dice, y se dice muy a menudo, que un juez ha mandado hacer tal cosa, no significa que aquello que ha resuelto exprese su voluntad sino la voluntad de la ley, de la ley democrática. Incumplir una sentencia es desobedecer al derecho y refleja una actitud antidemocrática.

En los últimos días, se ha exigido a la Generalitat que cumpla la ley mediante varias sentencias de los tribunales y una resolución de la Junta Electoral Central en asuntos referentes, por un lado, a la lengua en la enseñanza y, por otro, a la presencia de banderas esteladas en los edificios públicos. Muchos dirán: “las banderas, ¡vaya tontería!”. A primera vista, puede parecer que tengan razón. Pero bien mirado, constituye un atentado a la libertad de participación política, al núcleo mismo de la democracia.

La bandera de Cataluña es la de cuatro barras, tal como dice el Estatuto. La bandera estelada es el símbolo de los partidarios de la independencia, los cuales pueden utilizarla libremente en manifestaciones, en balcones, donde quieran, menos en los edificios públicos que, por su naturaleza, son de todos, no sólo de algunos. ¿Verdad que no se pueden colgar en los ayuntamientos banderas o eslóganes de los partidos? Pues tampoco esteladas, que no son otra cosa que símbolos de ciertos partidos, los independentistas, elementos de propaganda contradictorios con la debida neutralidad de las instituciones en asuntos electorales. Ha hecho bien la Junta Electoral en prohibirlas.

En una sociedad en la que se hablan indistintamente dos lenguas, es equitativo que ambas se enseñen en una “proporción ajustada y razonable”

Asunto más espinoso es el de la lengua en la escuela. En esta cuestión, desde principios de los años 80 las leyes se incumplen sistemáticamente: el Estatuto de 1979, la buena ley catalana de Normalización Lingüística de 1983, las SSTC 337/1994 y 31/2010, y varias sentencias recientes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y del Tribunal Supremo (TS). Más de treinta años incumpliendo el derecho. La ley ampara a los débiles frente a los fuertes: hace treinta que ilegalmente dominan los fuertes. Un escándalo.

En una sociedad en la que se hablan indistintamente dos lenguas, es equitativo que ambas se enseñen en una “proporción ajustada y razonable”. Lo dijo el TSJC y lo ha ratificado el TS: como mínimo un 25% de las horas lectivas deben ser dadas en castellano. ¡Como mínimo un raquítico 25%! Pues bien, el Gobierno de la Generalitat, los partidos nacionalistas y todo su tentacular aparato de agitación y propaganda infiltrado en los medios, sostiene que ello pone en peligro la supervivencia del catalán: algo totalmente ridículo. Como es sabido, la realidad es que en muchas escuelas se utiliza el castellano —y otras lenguas— en proporciones mucho mayores al 25%. Para comprobarlo sólo hay que mirar las webs en las que estos centros se anuncian. Por tanto, la razón es otra: el nacionalismo no puede admitir formalmente que se enseñe en castellano, lengua considerada como impuesta, no propia de Cataluña ni de los catalanes, sino ajena, sólo oficial porque es la lengua del Estado, un Estado también impuesto, del que debemos separarnos.

¿La inmersión ha sido un éxito, como dicen muchos? No. La impropiamente llamada política de inmersión, es decir, la que establece que el catalán sea la única lengua utilizada en la enseñanza, es un grave error por muchas razones, entre ellas desaprovecha las ventajas pedagógicas del bilingüismo. Pero no vamos a entrar hoy en este tema. Sólo concluir que las leyes y las sentencias están para cumplirlas. Desconfíen de aquellos poderes políticos que hacen ostentación de vulnerarlas: en ellos anida un fondo antidemocrático.

Francesc de Carreras es profesor de Derecho Constitucional