Marines en Andorra

La justicia escribe a veces derecho en renglones torcidos. Hace unos días, el Gobierno de Estados Unidos presionó para que el Ejecutivo andorrano interviniera la Banca Privada de Andorra (BPA). Todo sucedió en cuestión de horas. En aplicación de la controvertida Acta Patriótica de Estados Unidos, el Gobierno del país de los Pirineos se ha visto obligado intervenir el BPA ante las acusaciones de supuesto blanqueo de capitales procedentes —presuntamente— del narcotráfico y del tráfico de seres humanos, que liderado por las mafias rusa y china, entre otras, había movido miles de millones de dólares.

Los paraísos fiscales, tan remisos a facilitar información por vía judicial, se vuelven receptivos cuando los expeditivos marines o el mismísimo Wyatt Earp irrumpen en el salón-comedor de casa, como si de los corrales de Tombstone se tratara. Y sobre todo cuando amenazan con no dejar operar con bancos norteamericanos. En una sociedad globalizada, donde impera el libre albedrío capitales, solo se obedece al lenguaje de la fuerza.

Varios ejecutivos bancarios andorranos han cobrado comisiones multimillonarias —de hasta de 2.000 millones de dólares, asegura el Tesoro norteamericano— por hacer la vista gorda sobre la procedencia del dinero. Las autoridades estadounidenses les acusan de facilitar transacciones a “blanqueadores que actuaban en beneficio de organizaciones criminales transnacionales”. “La corrupción de los ejecutivos y la debilidad de los controles para luchar contra el blanqueo han convertido a BPA en un vehículo fácil para el lavado de capitales procedente del crimen organizado y de la corrupción”, añade en un comunicado Jennifer Shasky, directora de FinCen, el organismo contra la corrupción del Tesoro. Esos fondos acabaron “en el sistema financiero norteamericano”, al que BPA accedía mediante cuentas en cuatro bancos.

¿Cómo es posible que hayan fallado los “mecanismos” para luchar contra el blanqueo en Andorra? Pues porque fiscalizar en un paraíso fiscal es, además de contradictorio, complejo. Son países cuyos bancos “venden” seguridad a quien quiera ocultar o enmascarar dinero. Por eso la intervención norteamericana ha llevado el desasosiego en lo que debe ser un páramo de tranquilidad. El pánico ha cundido entre los bancos del Principado, cuando precisamente el país publicita sus esfuerzos —por presiones europeas— para sacudirse el estigma de descontrol. Con tan buenos enunciados, llegan los marines y aseguran que hay prácticas de garito.

No será fácil a ojos de la opinión pública vender la existencia de una justicia garantista en tierra de bancos sin escrúpulos

No es novedad. Con el culebrón de l' avi Florenci y el dinero de los Pujol actuando de cabeza de puente, la infantería de marina se ha metido hasta la cocina de la credibilidad bancaria andorrana. El BPA dio en 2010 “asilo” a los ahorros no declarados de los Pujol, cuando Andbank decidió declarar non gratas las cuentas de la familia y la famosa deixa del abuelo. Ahora las medidas del Tesoro norteamericano rematan. No será fácil a ojos de la opinión pública vender la existencia de una justicia garantista en tierra de bancos sin escrúpulos. Ya no se trata de una operación de la justicia española contra Cataluña. Ahora ha llegado el Séptimo de Caballería de Michigan, a escasas semanas de que se denegaran “por causar un perjuicio de difícil reparación” los datos bancarios de Jordi Pujol Ferrusola y su exesposa, Mercè Gironès, que habían sido solicitados en comisión rogatoria. El juez Pablo Ruz había detectado movimientos presuntamente sospechosos durante ocho años por 13 países por unos 32 millones de euros en favor de la pareja Pujol. La justicia andorrana prefirió exhibir su vertiente garantista, pero el desembarco estadounidense, a buen seguro, acelerará trámites y cambiará criterios.

Con el BPA, además de la familia que más horas ha pasado en el Parlament en las últimas semanas, también está relacionado Andrei Petrov acusado por el Tesoro americano de blanqueo de dinero procedente de la mafia rusa. Petrov, a su vez, tiene vínculos con el diputado de CiU y exalcalde de Lloret Xavier Crespo. El fiscal pide dos años y medio de prisión para el parlamentario convergente por prevaricación y cohecho presuntamente en favor del ciudadano ruso al que las autoridades americanas relacionan con Semion Mogilevich, una de las diez personas más buscadas por el FBI.

De haber prosperado en su día la iniciativa del entonces consejero de Interior Felip Puig, Crespo podría haber sido imputado ocupando el cargo de jefe político de los Mossos. Como si de un simpático guiño antisistema se tratase, Cataluña hubiera tenido un responsable policial salpicado por la corrupción mafiosa. Algo desconocido frenó la decisión en su momento, aunque Convergència está tan convencida de su inocencia que lo mantiene en todos sus cargos.

El documento de Tesoro norteamericano ha tenido la virtud de recordar qué son y para qué sirven los paraísos fiscales, arruinando los propósitos de quienes siguen empeñados en mezclar fraude con un legalismo a medida para tratar de justificar su corrupto comportamiento. Los ataques de transparencia que nos devuelven al mundo real, aunque vengan de la mano del Séptimo de Caballería.