La policía detiene a otras 14 personas por el fraude en la formación

La segunda jornada de la bautizada Operación Edu Costa se ha saldado con 14 nuevos detenidos, lo que eleva la cifra de arrestados a 31 (tras las 17 detenciones del martes). Esta nueva fase de la conocida Operación Edu, en la que se investiga supuestos fraudes en los cursos de formación para desempleados en Andalucía entre 2007 y 2013, se extiende por las provincias de Almería, Cádiz y Málaga. Según fuentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), esta investigación se centra en 52 empresas y se espera que, en los próximos días, el número de detenidos alcance los 90. Se calcula que el fraude roza los tres millones.

Además de las nuevas detenciones, los agentes han tomado declaración a supuestos implicados en este fraude, entre ellos, el edil del PP del Rincón de la Victoria (Málaga) Manuel Sánchez y el socialista José Luis Leseduarte, concejal del Ayuntamiento de Vícar (Almería). Asimismo, han declarado dos religiosos de un colegio de Jerez y un trabajador de una asesoría. La citación de los dos políticos responde a su posible relación con empresas subvencionadas por el Gobierno andaluz. Precisamente, en esta nueva fase, los investigadores ponen la lupa en aquellas entidades que recibieron menos de 100.000 euros en ayudas.

En el caso del concejal malagueño, los agentes investigan una subvención de 60.750 euros concedida en 2010. En su comparecencia, Sánchez entregó a los agentes el expediente completo del curso y aseguró que la Junta de Andalucía ya “inspeccionó” dicha documentación y que le remitió una carta en la que le informaba del último pago de la ayuda, de más de 5.700 euros, según Europa Press. “Se han sorprendido de que esté auditado”, ha asegurado el concejal, quien ha negado ante la policía haber pagado comisiones.

Por su parte, el edil José Luis Leseduarte ha negado cualquier relación empresarial con el Centro de Formación Indalo, una de las entidades investigadas. “No es socio ni lo ha sido nunca, ni ha formado parte del accionariado de dicha empresa, con la que tan solo estuvo vinculado a nivel laboral”, informa el Ayuntamiento de Vícar en un comunicado. El hoy concejal de Tráfico, Movilidad y Seguridad Ciudadana fue docente durante 29 años en dicha empresa.

En medio de esta nueva operación, la juez que investiga el supuesto fraude en Almería entre 2010 y 2011 ha prorrogado, por octava vez, el secreto de sumario. La investigación, repartida en 18 juzgados de la comunidad, se centra en cursos de formación que no se impartieron, que se sobrefacturaron o que no cumplieron con los requisitos de contratación.