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Purines con destino incierto

Los recortes en las energías renovables han dejado sin tratar 600.000 metros cúbicos de desechos desde febrero

Limpieza de un vertido en Les Masies de Voltregà, en Osona. Ampliar foto
Limpieza de un vertido en Les Masies de Voltregà, en Osona.

Las seis plantas de tratamiento de purines de Cataluña dejaron de procesar 600.000 metros cúbicos desde su cierre en febrero por el recorte de las primas a la generación de energías renovables, según el Departamento de Agricultura. Es el equivalente a 600 millones de litros. Agricultura asegura que los ganaderos han podido rebajar el efecto contaminante de los purines al introducir nuevos piensos y máquinas para reducir la proporción de nitratos que contienen estos residuos.

“Ya hace un año del cierre de las plantas. La normativa obliga a las explotaciones a tener depósitos para almacenar los purines durante seis meses. ¿Qué se ha hecho de todos aquellos que no cabían en las balsas [de las granjas]?”, se pregunta Eudald Rifà, miembro del Grupo de Defensa del Ter (GDT), quien apunta a que esta clausura propicia las “malas prácticas” entre granjeros. “Un ganadero puede ir a tirar los purines una semana, y luego otra, reiteradamente. Es muy difícil controlarlo”, remacha.

Carles Mencos, coordinador territorial de Unió de Pagesos, asegura que las alternativas son escasas para los ganaderos afectados. “Tenemos dos opciones: o tratar los purines en la propia granja [con separadores de residuos sólidos y líquidos, que reducen el volumen de los detritus] o llevarlos lejos”. El coste de la operación depende en gran medida de la zona. “En Lleida está relativamente cerca, a 20 kilómetros, pero en la comarca de Osona es dramático, porque hay que recorrer 60”, abunda Mencos.

Eudald Rifà, miembro del Grupo de Defensa del Ter, apunta a que la clausura de las plantas de tratamiento favorece los vertidos

Otro problema añadido es que para depositar los detritus fuera de la explotación hay que obtener los permisos necesarios. “Hace seis meses que estamos esperando para obtener la validación del Departamento para los nuevos planes de gestión de purines”, lamenta Mencos, que explica que estos programas son necesarios para autorizar los contratos que los ganaderos firman con los propietarios de los terrenos a los que trasladan los residuos. El representante de Unió de Pagesos también asegura que las líneas de ayudas para costear la maquinaria de reducción de residuos “no han salido hasta hace cuatro días”.

Joan Gòdia, subdirector general del Departamento de Agricultura, sostiene que las soluciones que Agricultura ha dado a las 438 explotaciones afectadas por el cierre de las plantas han contribuido a reducir el impacto contaminante de los purines.

Agricultura ha concedido licencias para la apertura de 31 granjas porcinas desde el cierre de las instalaciones

Gòdia enumera las medidas: “Una de ellas es la sustitución de piensos para que reduzcan sus niveles de nitratos entre un 30% y un 35%. En 173 casos más, damos ayudas a los ganaderos que instalen maquinaria para separar los residuos sólidos de los líquidos, que reducen entre un 20% y un 30% el volumen”. Gòdia asegura que esta línea de financiación cubre el 60% del valor de la máquina. En el resto de explotaciones han abierto un programa de ayudas “para financiar la instalación de sistemas parecidos a pequeñas depuradoras”. Ricard Parés, director de la Asociación Catalana de Productores de Porcino, coincide con Agricultura: “La mayor parte de los purines se han podido reconducir. La gente ha tenido tiempo para gestionarlos de otra forma”.

Desde el cierre de las instalaciones de tratamiento de purines, Agricultura ha concedido licencias para la apertura de 31 granjas porcinas. Rifà sostiene que buena parte de los permisos para la apertura de nuevas explotaciones fueron, en realidad, autorizaciones para ampliar fincas más pequeñas o en desuso. “Se hace para ahorrarse trámites. A nivel legal, es difícil construir una granja de nuevo”. El miembro de la asociación ecologista pone como ejemplo la apertura de un recinto con capacidad para 2.000 cerdas en el municipio de Sant Martí d'Albars (Barcelona). “Era una explotación de cabras, que ampliaron”, explica.

Vertidos que salen baratos

Los agentes rurales detectaron 75 vertidos de purines entre 2010 y 2014, de los cuales 64 acabaron en un procedimiento administrativo, según Antoni Mur, inspector jefe de los agentes rurales. De estos, el 70% han culminado con una sanción, por un importe que oscila entre 600 y 1.000 euros, según el Departamento de Agricultura. El coste de estas sanciones es menor al de las máquinas que pueden tratar estos residuos. Una separadora de purines sólidos y líquidos vale entre “20.000 y 100.000 euros”, según Carles Mencos, coordinador territorial de Unió de Pagesos en la Cataluña central.

¿Qué sucede con aquellos casos que son tratados en los tribunales? Aunque las fuentes consultadas no especifican qué proporción acaba en condena, los ejemplos apuntan a penas leves. Uno de los últimos vertidos en recibir sentencia lo avanzó el periódico El9Nou. En marzo de 2010 se echaron entre 450.000 y 670.000 litros de purines en el municipio de Oristà (Barcelona), según los datos aportados en la sentencia, dictada el pasado noviembre. El propietario de la granja de la que surgió el vertido, Josep Ramisa, fue condenado a seis meses de inhabilitación y a una multa de 3.000 euros.

Otro vertido, que los agentes rurales detectaron en enero de 2012 en Almatret (Lleida), acabó en una multa de Agricultura de 3.600 euros para el ganadero responsable. "Aunque el Instituto Nacional de Toxicología dictaminó que había un riesgo grave para el ecosistema, un informe de la Generalitat dictaminó lo contrario. La Fiscalía de Lleida no acusó, y por ello el caso se archivó", explica una fuente de la Asociación Profesional de Agentes Rurales.