El ‘president’ confía su defensa por el 9-N a un abogado ajeno a la Generalitat

La Generalitat ha encargado a un abogado externo la defensa de Artur Mas frente a la querella de la fiscalía por la consulta del 9-N. El Gobierno autonómico ha optado por el penalista Javier Melero (Barcelona, 1958) en lugar de confiar la tarea a sus servicios jurídicos. Aunque la querella aún está pendiente de ser admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Melero ya trabaja en el asunto y dirigirá la estrategia del president para hacer frente a los cuatro delitos que le atribuye la fiscalía: desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones.

La decisión de poner la defensa de Mas en manos de un abogado ajeno a la Generalitat tiene que ver, según fuentes consultadas por EL PAÍS, con la complejidad de los delitos que están sobre la mesa. El trabajo requiere de un examen específico que puede desbordar la capacidad de los abogados de la Generalitat, que han de hacer frente a otros asuntos, añaden dichas fuentes. Los servicios jurídicos “colaborarán” con Melero para recopilar la información que permita tejer la defensa. La Generalitat asumirá, previsiblemente, los honorarios.

Letrado de los Pujol

Melero es el letrado de referencia de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en las causas penales que afectan a dirigentes de ese partido. Defiende, por ejemplo, al exdiputado Oriol Pujol Ferrusola, imputado por cohecho y tráfico de influencias en el caso ITV, la investigación de la presunta trama que intentó amañar concursos públicos. Melero también defendió a Jordi Pujol Ferrusola hasta que el padre de este, el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, confesó el pasado verano haber mantenido una fortuna oculta en el extranjero durante más de 30 años.

Casado y con dos hijos, Melero habla inglés, francés y alemán y ha sido profesor de Derecho Penal en universidades catalanas. Entre sus clientes cuenta multitud de investigados por delitos económicos o de corrupción, como el financiero catalán Javier de la Rosa. También está presente en el caso Malaya, la Operación Púnica o la Operación Troika, de mafia rusa.

La querella también se dirige contra la consejera de Educación, Irene Rigau, y la vicepresidenta Joana Ortega, de Unió. Esta última será defendida por el penalista Rafael Entrena, que además es su pareja. Entrena ha defendido a dirigentes de Unió implicados en casos de corrupción.