Alaya exige a la Junta que documente los cursos de formación de la Faffe

La juez Mercedes Alaya ha exigido a la Junta que entregue “de manera inmediata” a la Guardia Civil la documentación sobre los cursos de formación impartidos a través de la fundación pública Faffe (Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo), ubicados en el Centro Guadalquivir de la Junta o cualquier otra localización.

La juez interrogó esta semana al testigo clave de la macrocausa de la formación, Teodoro Montes, sobre la Faffe, ya extinguida. Y la pregunta vinculó el PSOE y la Faffe, a pesar de que no han trascendido indicios que prueben este vínculo: “Las acciones formativas [de la fundación] estaban muy bien pagadas ¿Cree usted que Faffe era una fundación que financiaba el PSOE con cargo a los fondos que recibía de la Junta de Andalucía?”. Montes admitió que no podía responder “directamente a esta pregunta”, pero a continuación planteó “adónde iban a parar esos fondos tan abundantes que percibían (...) La fundación acogía a antiguos cargos del PSOE, concejales, alcaldes, familiares directos”. Los funcionarios de la Junta han denunciado durante años un supuesto nepotismo en la Administración andaluza a través de la Faffe, por contratar decenas de trabajadores sin concurso público de méritos. La dirección de la Faffe ha rechazado las cíclicas acusaciones de enchufismo de personas próximas al partido socialista.

La Faffe se extinguió y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) supuso la readmisión de 1.200 de sus 2.000 empleados como subrogados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que ahora rebosa de personal sin asignación de funciones.

Al margen de los expedientes sobre la Faffe, la juez ha dictado otros dos autos para exigir a la Junta los expedientes de reintegro abiertos por su servicio de inspección por “irregularidades detectadas” en la concesión de cursos de formación, que deberán ser entregados en los próximos 10 días. Además, Alaya quiere saber si la Intervención General de la Junta puso reparos a los cursos de formación, y por eso le pide a los interventores “todas las comunicaciones emitidas” con propuestas de reintegro total o parcial. En paralelo, la instructora reclama a la Cámara de Cuentas que le remita todos los informes de fiscalización desde 2002 hasta la actualidad, vinculados a los cursos de formación.

Por otra parte, la delegada de Empleo en Sevilla, Aurora Cosano, se sumó ayer a la Fundación Faisem de la Junta, que ya ha demandado a Teodoro Montes por acusarle de maltratar a personas discapacitadas durante su declaración como testigo. Ello a pesar de la amenaza de Alaya, que avisó de que acusaría de un delito de obstrucción a la justicia a cualquier persona o entidad que se querelle contra su testigo estrella. Cosano avanzó que se querellará contra Montes por sus acusaciones “sin fundamento”, después de que este le acusara de haberle obligado a expedir diplomas de 25 cursos realizados por la Faffe que realmente no se dieron, informó Europa Press.

El líder de CC OO, Francisco Carbonero, reiteró la intención del sindicato de querellarse contra Montes y dijo que no van a “coaccionar a nadie”, sino a defender la honorabilidad de CC OO tras acusarle el testigo de recibir comisiones ilegales.