Rigau recurre ante el Constitucional el decreto del castellano en la escuela

El Gobierno catalán finalmente ha decidido llevar ante el Tribunal Constitucional el decreto que obliga a la Generalitat a pagar una plaza escolar privada en castellano a las familias que así lo soliciten. El acuerdo se tomó ayer en el Consejo Ejecutivo y fuentes del departamento de Enseñanza explican que la presentación del recurso "es inminente".

El texto alega que hay "una invasión y menoscabo" en las competencias de la Generalitat.  "El Estado no dispone de competencias para establecer este mecanismo", dice el recurso, lo que "supondrá una separación de los alumnos por razón de lengua, algo contrario al régimen lingüístico de la enseñanza en Cataluña", que está amparado por el Estatuto.

El decreto en cuestión regula la compensación de costos de una disposición adicional de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Esta determinaba que cuando una Comunidad Autónoma no puede garantizar la enseñanza en castellano "en una proporción razonable" y cuenta con la posibilidad de ofrecerla en un centro privado, el Gobierno central le conseguirá una plaza a la familia interesada en este centro, pero los gastos correrán a cargo de la Generalitat.

Enseñanza, la cartera que dirige la consejera Irene Rigau (CiU), aún está estudiando las peticiones que ha recibido en este sentido, pero aún no se conoce el número exacto ni de qué manera serán respondidas. Según Convivencia Cívica, este curso se han presentado solicitudes de educación bilingüe en 85 centros educativos, de 39 localidades de Cataluña. El proceso para poder acceder a la escolarización en castellano, sin embargo, es muy farragoso.

La decisión de la Generalitat llega después de la negativa del requerimiento que Rigau hizo al Gobierno y del dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias. El acuerdo de Gobierno catalán era el último requisito pendiente para poder llevar el recurso al Tribunal Constitucional.