Los sindicatos cargan contra Rigau en el inicio del curso de la ‘ley Wert’

La mayor presencia del castellano en las aulas de los colegios públicos y concertados, y la aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) vaticinan ya un otoño caliente en las aulas catalanas. Los sindicatos en conjunto cargaron ayer, en el primer día del curso escolar, contra la reforma diseñada por el Gobierno central de Mariano Rajoy (PP), pero también contra la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, a la que acusan de hacer un doble juego con la norma estatal. La consejera aseguró, en referencia a la norma: “Le daremos una vuelta y la esquivaremos”.

La primera mañana del nuevo curso escolar comenzó con las protestas en una treintena de escuelas que forman parte de la Red de Escuelas Insumisas a la LOMCE (XEI, por sus iniciales en catalán). Una de ellas fue el colegio Patronat Domènech, en el barrio barcelonés de Gràcia, donde los padres y los alumnos se concentraron antes de las clases, vistiendo las camisetas amarillas en defensa de la educación pública.

En el colegio Escolàpies de Sabadell, uno de los dos centros donde se aplica el 25% más de horas en castellano que manda el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la dirección explicó que hoy comunicarían a los padres y los alumnos cómo se implementará la decisión judicial. Allí solo el aula del menor cuya familia recurrió al TSJC tendrá las clases de matemáticas en castellano. El otro centro, Sant Bonaventura-Franciscans de Vilanova y La Geltrú cambiará todo su plan lingüístico, aumentando horas de inglés y castellano.

Rigau, en una entrevista em TV-3, destacó la “normalidad” del inicio de curso y ejemplificó su manera de esquivar la LOMCE con la manera como por ejemplo se evaluará la asignatura de Naturales y Sociales. La ley estatal pide separarlas, pero en Cataluña se seguirán impartiendo de manera conjunta, aunque se calificarán por separado. “Cualquier cambio ministerial que pueda haber modificará en parte las exageraciones de la LOMCE”, aseguró la consejera, que recordó que la ley tendrá que estar completamente aplicada en el curso 2017-2018, pero que confía que esté derogada antes.

Los sindicatos, por su parte, hicieron una rueda de prensa conjunta para valorar el inicio del curso. Representantes de CCOO, USTEC-STE, ASPEPC-SPS y UGT criticaron con dureza a Rigau. “El curso empezará con normalidad si se entiende que normalidad es que empieza en condiciones peores para los trabajadores”, aseguró Empar Burgueño, de FETE-UGT. “La consejera hace un doble juego. Se llena la boca hablando en contra de la LOMCE cuando la Ley de Educación de Cataluña va mucho más allá en algunos aspectos”, criticó Marc Sangüesa, de CC OO. Como ejemplo, el líder sindical expuso que en el tema de la lengua y la inmersión lingüística, el departamento “continúa dejando la responsabilidad a los centros” y las instrucciones no son claras. Otro punto de conflicto es la elección de los directores de los centros.

Rigau también reveló que, de momento, ninguna familia catalana ha solicitado la ayuda de hasta 6.000 euros por curso establecida por el Ministerio de Educación para su escolarización en castellano en un colegio privado. La consejera explicó ayer que aún no se ha registrado ningún caso, aunque no descarta que más adelante pueda suceder. De momento, hay 40 solicitudes para escolarizar en castellano. Rigau pidió al Consejo de Garantías Estatutarias que evalue si este decreto vulnera las competencias de Cataluña.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, no facilitó ayer ninguna estimación del número de familias que han solicitado esa ayuda, pero sí advirtió que Cataluña tiene que cumplir con la legislación estatal mientras no se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado contra la LOMCE. El decreto que permite la opción de estudiar en castellano, contemplada en la LOMCE, que blinda el castellano como lengua vehicular en la escuela, entró en vigor a finales de julio. Por tanto, aún es muy pronto para haber cumplido con el intrincado proceso para acceder a la ayuda.

En primer lugar, una familia presenta la solicitud de escolarización a la Generalitat. Si esta la rechaza, la familia podrá matricular a su hijo en una escuela privada donde el castellano sea también vehicular y, posteriormente, podrá acogerse a la convocatoria de subvenciones. Wert tiene seis meses de plazo para responder a las peticiones. Tras justificar los gastos , el ministerio pagará a las familias y, paralelamente, descontará el monto de las transferencias a la Generalitat.