Alberto Fabra facilitó que Calatrava encareciese su proyecto en Castellón

El arquitecto Santiago Calatrava utilizó una propuesta del Ayuntamiento de Castellón, durante el mandato de Alberto Fabra, actual presidente de la Generalitat, para disparar el coste fijado por el Gobierno valenciano para la construcción del Centro de Convenciones. El contrato firmado en diciembre de 2007 entre el arquitecto y la empresa pública valenciana Sociedad de Proyectos Temáticos (SPTCV) fijó en 60 millones el “presupuesto orientativo” de la obra. Medio año después, Calatrava presentó un proyecto en tres fases que implicaba un coste de cien millones solo en la primera. Los técnicos de la empresa pública exigieron en constantes misivas que se prolongaron hasta febrero de 2009 que redujera el proyecto para ajustarse al presupuesto oficial. Calatrava justificó este sobrecoste alegando que el Consistorio de Fabra le planteó ampliar la parcela inicial de 17.000 metros cuadrados a más de 62.000.

Los motivos que llevaron al arquitecto a presentar un Centro de Convenciones con tal sobrecoste son uno de los puntos que está tratando de averiguar el juzgado de Instrucción 5 de Castellón. Para ello, le ha requerido que presente el plan de necesidades (un documento que debía fijar los requisitos para la obra) por el que presentó un proyecto que excedía considerablemente lo exigido en el contrato. El juez le ha pedido que informe si se basó en los condicionantes impuestos por la Generalitat o por los del Ayuntamiento de Castellón.

En el expediente que la Generalitat guardaba sobre este proyecto, y que el grupo de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas logró fotografiar hace tres años, se constata en varios informes de la SPTCV y misivas del despacho del arquitecto en Valencia que fue el Ayuntamiento de Castellón el que dio alas a Calatrava al realizar la primera propuesta de ampliación. Los técnicos de la sociedad pública se quejaron varias veces de que el Consistorio no les facilitaba la información requerida para fijar las características de la obra. Hasta que un día el despacho del proyectista acabó remitiendo una carta en la que agradecía el “aumento sustancial” de la superficie porque el Ayuntamiento había propuesto utilizar hasta 62.120 metros cuadrados en vez de los 17.000 iniciales.

Este planteamiento no fue nunca aceptado por los técnicos de la Generalitat, que llegaron a barajar una tercera opción (48.000 metros) que no llegó a pactarse de forma oficial. La ampliación de la superficie no implicaba, como queda reflejado en varios documentos, que Calatrava pudiera sobrepasar los 60 millones. El arquitecto utilizó finalmente la propuesta de 48.000 metros de forma “unilateral” y alegó que el aumento de la superficie implicaba obligatoriamente disparar el coste. Un posterior informe técnico de la SPTCV advierte de que en todo momento se trató de evitar el incremento de los 17.000 metros. “Calatrava modificó de manera unilateral el presupuesto, justificándose en una petición del Ayuntamiento de Castellón que en ese momento tenía a Alberto Fabra de alcalde”, dijo ayer el diputado autonómico de EU Ignacio Blanco, cuyo grupo se ha personado en la causa.

Calatrava debía haber comparecido ayer ante el juzgado de Castellón para aclarar estas y otras cuestiones, pero su citación se suspendió porque el juez no pudo localizarle y porque su abogado llamó ayer mismo para comunicar que se personarán en el caso, según el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Esta personación facilitará los trámites para una nueva citación.

Las incógnitas que el juez quiere despejar son varias. Junto al motivo que llevó a Calatrava a encarecer su obra, quiere saber por qué la Generalitat cerró un contrato con el arquitecto para una obra tan importante y sin un concurso abierto alegando motivos artísticos. El Gobierno valenciano descartó finalmente ejecutar el proyecto por razones económicas y porque el Ayuntamiento no pudo disponer del solar.