Esquerra Unida denuncia otro 'caso Palma Arena' de Calatrava en Valencia

Si en 2006 el entonces presidente balear Jaume Matas decidió pagar 1,2 millones de euros al arquitecto Santiago Calatrava por el anteproyecto, la maqueta y unos vídeos de un palacio de la ópera que ha llevado a abrir la investigación del llamado caso Palma Arena, en el que están imputados los dos, ese mismo año, la Generalitat valenciana, que preside el también popular Francisco Camps, firmó un contrato sin concurso con el arquitecto para el diseño y construcción de un Centro de Convenciones en Castellón por el que ya había cobrado a finales de 2009 un total de 2,7 millones de euros. Esa cantidad corresponde sólo a los honorarios del masterplan, el anteproyecto y el proyecto básico del centro, paralizado desde un año antes por la anulación del planeamiento urbanístico de la zona donde se iba a ejecutar. Así lo revela un contrato de la empresa pública Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana al que ha tenido acceso la diputada autonómica de Esquerra Unida del País Valencià Marina Albiol.

El proyecto básico "no responde ni al presupuesto ni a la superficie"

Albiol: "Queremos que la fiscalía investigue el asunto"

El contrato no tiene cláusula de confidencialidad

Se trata del primer contrato de la Generalitat con el arquitecto valenciano que sale a la luz pública, gracias a que la diputada fotografió los documentos con su móvil cuando se los dejaron consultar. En la mayoría de los casos, el Gobierno de Camps alega cláusulas de confidencialidad, inexistentes en este caso, para no mostrar los contratos. "El dinero público no puede servir para llenar los bolsillos de arquitectos estrella, ni para pagar los caprichos de Camps o de Carlos Fabra", dijo ayer Albiol, cuya formación llevará el caso ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la semana que viene junto a los de dos torres en las inmediaciones de la Ciudad de las Artes de Valencia y una intervención en el puerto de Torrevieja encargados también a Calatrava y que están paralizados. En conjunto, por los tres "proyectos fantasma", en expresión de la diputada, el arquitecto ha cobrado 5,8 millones de euros.El contrato para el Centro de Convenciones de Castellón prevé que Calatrava cobre un 12,5% del coste total (un 4,5% por el masterplan, el anteproyecto y el proyecto básico, un 4% por el proyecto de ejecución y un 4% por la dirección de obra). Los porcentajes contrastan con lo habitual en proyectos de tanta envergadura, en los que se suelen reducir esos márgenes. El contrato especifica que "los honorarios se actualizarán en función del coste real de la obra para su abono en la proporción correspondiente a cada certificación", lo que implica que, a más sobrecoste, más beneficio para Calatrava. Es el propio arquitecto quien debe dar por finalizada la obra.

En los baremos profesionales que manejan las organizaciones colegiales y los estudios de arquitectura, los porcentajes del arquitecto se reducen cuando los proyectos son de mayor coste. Con la Administración pública, todavía pueden reducirse más. A título de ejemplo, en un proyecto tipo de colegio construido por la empresa de la Generalitat Ciegsa, de tres millones de presupuesto, el arquitecto puede cobrar alrededor de un 4%. No se contempla que cobre más por los modificados de obra. En los contratos públicos, cuando se pactan los honorarios, son definitivos y no prevén aumentos ante el incremento del coste de la obra, cosa que sí puede producirse en los contratos de carácter privado. Los sobrecostes son, precisamente, el caballo de batalla de la oposición en las denuncias contra los proyectos encargados por el Consell a Calatrava. Unos proyectos que se han canalizado a través de sociedades 100% de capital público pero regidas por el derecho privado.

Junto al contrato del Centro de Convenciones de Castellón, Esquerra Unida hizo públicos ayer los talones pagados al arquitecto y un burofax de los abogados de la Sociedad Proyectos Temáticos fechado en noviembre de 2009 en el que se comunica a Calatrava que "no ha cumplido" con el contrato dado que su proyecto básico "no responde ni al presupuesto ni a la superficie construible". Calatrava triplicó la superficie prevista al elaborar el proyecto básico y elevó el presupuesto de 60 a 100 millones de euros. Pese a ello, también se le comunicaba al arquitecto que se le pagarían los honorarios pendientes. Este hecho, puntualizaba el burofax enviado a los abogados de Calatrava, "únicamente responde a la voluntad de entendimiento que la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana siempre ha mantenido con el señor Calatrava, pero en ningún caso, insistimos, implica la conformidad con el proyecto básico entregado".

Es decir, una sociedad pública de la Generalitat comunica que el arquitecto ha incumplido las condiciones del encargo, pero resuelve pagarle de todas maneras. Además, añade la advertencia de que "no procede el inicio del proyecto de ejecución del Centro de Convenciones de Castellón, habida cuenta de que hasta la fecha presente la mercantil Santiago Calatrava GMBH no ha entregado a la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana el proyecto básico ajustado a las previsiones contractualmente establecidas". La advertencia tiene por objeto evitar que el arquitecto facture nuevas cantidades, en este caso por la redacción del proyecto de ejecución.

El de los pagos a Calatrava, pese al incumplimiento de las condiciones del encargo, es un aspecto que destacaron la diputada Marina Albiol y el portavoz de Esquerra Unida del País Valencià, Ignacio Blanco, que la acompañó en la conferencia de prensa en la que que dio a conocer los documentos. "Queremos que la fiscalía investigue el asunto", señaló Blanco, "porque, además de responsabilidades políticas muy claras, que revelan la estrecha relación de Calatrava con el PP, estamos ante un saqueo del presupuesto de la Generalitat por parte de Calatrava con la complicidad del PP".

El dirigente de Esquerra Unida calificó de "leoninas" para la Generalitat las condiciones del contrato con Calatrava, que cobró un millón de euros poco después de la firma y otros 350.000 euros a la entrega del anteproyecto, en diciembre de 2008. En noviembre de 2009, poco después de la comunicación por burofax, recibió tres cheques por un total de 1,35 millones de euros (dos cheques-pagarés de 472.500 euros y otro de 406.000 euros).

Además de las condiciones "leoninas", los "honorarios multimillonarios" y los "sobrecostes previsibles", Marina Albiol e Ignacio Blanco denunciaron lo que calificaron como "elusión de impuestos", ya que Calatrava, pese a tener oficina en Valencia, factura en Zúrich. "Se le adelanta un millón, no se le exige que deposite garantía alguna y hasta los gastos de viajes y las dietas van a cargo de la Sociedad Proyectos Temáticos", señaló Albiol, que calificó de "proyecto absolutamente oscuro y lleno de irregularidades" el encargo a Santiago Calatrava del Centro de Convenciones de Castellón.

La maqueta del proyecto, que pretendía dotar a Castellón de un edificio del famoso arquitecto, fue presentada en mayo de 2008 por Calatrava al propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y al alcalde de Castellón, Alberto Fabra. En octubre de ese mismo año, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana suspendió el Programa de Actuación Integrada (PAI) de Els Mestrets, donde debía ubicarse el complejo arquitectónico. El asunto está recurrido ante el Tribunal Supremo, pero hace imposible que se construya el edificio.

La diputada Albiol ha insistido reiteradamente sobre este proyecto y finalmente consiguió que la Consejería de Economía y Hacienda, que dirige el vicepresidente del Consell Gerardo Camps, le permitiera consultar la documentación en las instalaciones de barracones provisionales que ocupa la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana en Alicante. Blanco, por su parte, anunció que esta semana que viene Esquerra Unida presentará una denuncia ante la fiscalía tanto sobre el contrato del Centro de Convenciones de Castellón como sobre otros dos contratos relativos a proyectos encargados a Calatrava y que no se han realizado. Se trata de las denominadas "torres de Calatrava" que el arquitecto diseñó por encargo de la Generalitat para ubicarlas en las inmediaciones de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y de la reforma de la dársena del puerto de Torrevieja. Por los rascacielos de la Ciudad de las Artes, Calatrava ha cobrado "al menos" 2,5 millones de euros, según Marina Albiol, y otros 600.000 por el proyecto de Torrevieja.

Esquerra Unida ha constatado que en el contrato del Centro de Convenciones de Castellón, al que ha tenido acceso, no hay cláusula de confidencialidad alguna (sólo se señala que los planos y maquetas son propiedad intelectual del arquitecto). El argumento de la confidencialidad ha sido esgrimido reiteradamente por el Consell para impedir que los diputados de la oposición pudieran acceder a los contratos con el arquitecto. "Sospechamos que ninguno tiene cláusulas de confidencialidad", comentó ayer Ignacio Blanco,nacio Blanco denunciaron lo que calificaron como "elusión de impuestos", ya que Calatrava, pese a tener oficina en Valencia, factura en Zúrich. "Se le adelanta un millón, no se le exige que deposite garantía alguna y hasta los gastos de viajes y las dietas van a cargo de la Sociedad Proyectos Temáticos", señaló Albiol, que calificó de "proyecto absolutamente oscuro y lleno de irregularidades" el encargo a Santiago Calatrava del Centro de Convenciones de Castellón.

La maqueta del proyecto, que pretendía dotar a Castellón de un edificio del famoso arquitecto, fue presentada en mayo de 2008 por Calatrava al propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y al alcalde de Castellón, Alberto Fabra. En octubre de ese mismo año, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana suspendió el Programa de Actuación Integrada (PAI) de Els Mestrets, donde debía ubicarse el complejo arquitectónico. El asunto está recurrido ante el Tribunal Supremo, pero hace imposible que se construya el edificio.

La diputada Albiol ha insistido reiteradamente sobre este proyecto y finalmente consiguió que la Consejería de Economía y Hacienda, que dirige el vicepresidente del Consell Gerardo Camps, le permitiera consultar la documentación en las instalaciones de barracones provisionales que ocupa la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana en Alicante. Blanco, por su parte, anunció que esta semana que viene Esquerra Unida presentará una denuncia ante la fiscalía tanto sobre el contrato del Centro de Convenciones de Castellón como sobre otros dos contratos relativos a proyectos encargados a Calatrava y que no se han realizado. Se trata de las denominadas "torres de Calatrava" que el arquitecto diseñó por encargo de la Generalitat para ubicarlas en las inmediaciones de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y de la reforma de la dársena del puerto de Torrevieja. Por los rascacielos de la Ciudad de las Artes, Calatrava ha cobrado "al menos" 2,5 millones de euros, según Marina Albiol, y otros 600.000 por el proyecto de Torrevieja.

Esquerra Unida ha constatado que en el contrato del Centro de Convenciones de Castellón, al que ha tenido acceso, no hay cláusula de confidencialidad alguna (sólo se señala que los planos y maquetas son propiedad intelectual del arquitecto). El argumento de la confidencialidad ha sido esgrimido reiteradamente por el Consell para impedir que los diputados de la oposición pudieran acceder a los contratos con el arquitecto. "Sospechamos que ninguno tiene cláusulas de confidencialidad", comentó ayer Ignacio Blanco.