La Xunta aparca el dique flotante de Ferrol al vetar la UE la ayuda pública

La negativa de la Comisión Europea a aceptar que el dique flotante con el que se quiere reactivar el astillero de Navantia en Ferrol pueda recibir ayudas públicas llevó ayer a la Xunta a mostrar su escepticismo con el futuro del proyecto y a justificar su parón. El conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, indicó que “la responsabilidad llama a que no se ponga en marcha” la construcción del dique, con el que se pretendía aumentar la capacidad de reparación de grandes buques del astillero y mejorar su carga de trabajo. Por el contrario, PSOE y BNG apelaron a explorar todas las posibilidades legales para que el dique sea una realidad.

 En su informe, la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea advierte reiteradamente de la posibilidad de incurrir en ayudas estatales o financiación privilegiada, lo que contraviene el derecho comunitario, ante lo que el conselleiro Conde apeló a parar el proyecto “en tanto en cuanto suponga un incumplimiento de la normativa de ayudas de Estado”, informa Europa Press. “Lo cual no quiere decir”, agregó a continuación, que no se siga trabajando “en un refuerzo del área de reparaciones”. Pero insistió en que “cualquier viabilidad del dique flotante tiene que ser en un esquema en el que la aportación pública no sea considerada ayuda de Estado” y por lo tanto contraria a la libre competencia.

Las palabras de Conde provocaron que el portavoz del comité de empresa de Navantia Ferrol, Ignacio Naveiras, cargase contra el PP. En declaraciones a Europa Press, Naveira dijo que “si el síntoma que se percibe del PP es abandonar definitivamente la reivindicación de la construcción del dique”, esta decisión sería “la peor para la comarca” y “la confirmación de que quien gobierna en Madrid y en Santiago no apostó nunca porque esto llegase a confirmarse”.

Los grupos de la oposición y el sindicato nacionalista CIG creen que aún es posible buscar una solución para levantar el veto de Bruselas. El eurodiputado socialista José Blanco y dirigentes del PSdeG insisten en que España debería apelar a la especial situación económica y laboral de la comarca de Ferrolterra, con un alto índice de paro, para lograr una excepción que está prevista en la legislación comunitaria. Tanto Blanco como la CIG apelan al artículo 107 del Tratado de la UE en el que se indica que podrán ser válidas “las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo”, condiciones que se dan en el caso de Ferrol a juicio de socialistas y sindicalistas. Blanco apeló a explorar esa posibilidad y avanzó que presentará una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea para que aclare “qué condiciones debe reunir el proyecto para que no colisione con la política europea de competencia”.

Por su parte, la CIG lamentó la decisión de Bruselas —“desde la UE nunca vino ninguna medida que favoreciera a alguno de nuestros sectores productivos”, lamenta—, recordó la posibilidad de hacer una excepción a las normas de competencia y acusó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de la que depende Navantia, de falta de volundad. “Navantia es una sociedad mercantil dedicada a la construcción naval, y como tal puede tomar el acuerdo de construir un dique para la realización de su actividad, decisión no tomada a día de hoy”, dice el sindicato.

También el líder del BNG, Xavier Vence, sostiene que el rechazo de Bruselas “no es definitivo”, sino que únicamente responde al modelo de financiación de la infraestructura planteado por el Gobierno. Por ello considera que la actual negativa pone “a prueba” la “voluntad real” del Ejecutivo central de acometer esta inversión. Para Vence, España presentó ante la Comisión Europea una propuesta “mal formulada”. Los populares, sin embargo, se defienden afirmando que “nadie hizo más por el sector naval en la ría de Ferrol, incluido el dique, que el PP”.