El fiscal pide diez años de cárcel a tres excargos de Adigsa

La Fiscalía ha concretado sus acusaciones contra tres exresponsables de Adigsa que, durante la anterior etapa de gobierno de CiU, malversaron fondos de la empresa pública. El fiscal pide diez años de cárcel para quien fue consejero delegado de Adigsa, Josep Antoni Fontdevila, como autor de un delito continuado de malversación y otro de falsedad documental. Los otros dos excargos implicados son considerados "cooperadores necesarios" y por ello su petición de pena es ligeramente inferior: nueve años y medio para Xavier Sala, que fue responsable económico del organismo, y para Jordi Huguet, director técnico.

El fiscal solicita también que los excargos sean inhabilitados por prevaricación una larga temporada (diez años en el caso de Fontdevila; nueve, en los otros dos) para ejercer responsabilidades públicas. También les exige el pago de diversas multas. El escrito de acusación se dirige igualmente contra otras cuatro personas. Dos de ellas son clave en el caso Adigsa, que llega a su fin después de una accidentada investigación que se ha prolongado durante más de nueve años: José María Penin y José Antonio Salguero.

Penín ejercía como "intermediario" entre los constructores y Adigsa y se jactaba de tener influencia sobre los responsables de la empresa pública. Penín instaba a esos empresarios a ejecutar obras de rehabilitación en los pisos de Adigsa, pese a que los expedientes ni siquiera se habían tramitado. El fiscal Emilio Sánchez Ulled le acusa de los mismos delitos (malversación y falsedad) pero pide para él una pena muy inferior: cinco años de cárcel.

Salguero, por su parte, fue uno de los empresarios "tocados" por Penín. En 2003, éste le pidió que cargase las facturas con un 20% superior a lo que le correspondía. Salguero pagó, presuntamente, 108.000 euros a Penín y su cuñado, Jordi Honrubia, también acusado. A cambio, Penin percibió casi 30.000 eurosde Adigsa por tasaciones de viviendas que jamás realizó. El fiscal pide un año y medio de cárcel para Salguero.

El presunto pago de comisiones del 20% se descubrió en el seno de la investigación, pero el porcentaje que dio origen a las pesquisas era notoriamente inferior: del 3%. Ésa fue la expresión con la que el expresidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, reprochó al entonces jefe de la oposición, Artur Mas, el presunto pago de comisiones ilícitas en la etapa de Jordi Pujol al frente de la Generalitat. "Ustedes tienen un problema que se llama 3%", dijo Maragall en el Parlament, en pleno debate sobre la reforma del estatut. El entonces fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, decidió abrir diligencias. El expresidente de Adigsa, Ferran Falcó, estuvo imputado en la causa, aunque finalmente fue exonerado por falta de indicios.