Álava cree que el plan conjunto contra el fraude invade sus competencias

El diputado alavés de Hacienda, Aitor Uribesalgo, ha advertido este lunes en las Juntas Generales de Álava que ellos “jamás” van a aplicar medidas que supongan un “señalamiento específico” a algunos sectores económicos. Uribesalgo ha confirmado así a los grupos que aplicará el plan conjunto de lucha contra el fraude firmado por las tres diputaciones y el Gobierno vasco, pero que lo hará solo en parte. Y es que aunque el acuerdo “es bueno” y ayuda a que la información sea “más fluida” entre administraciones para la detección de situaciones de fraude fiscal.

El responsable de la Hacienda alavesa, que ha rechazado acudir al Parlamento a explicar la postura de su institución ante el plan conjunto, ha señalado que la inspección corresponde a cada Diputación y que es algo que está perfectamente detallado en la legislación vigente. “Cambiar eso sería posiblemente anticonstitucional”, ha ahondado, para después reclamar “seguridad jurídica” porque, a su juicio, los planes conjuntos “deberían restringirse al área que les corresponde y no invadir competencias”. Álava critica sobre todo la incidencia que realiza el plan en algunos profesionales.

En 2013 la Diputación alavesa afloró 148 millones de euros no declarados, el 49% relacionados con el Impuesto de Sociedades. Ese fraude detectado supuso 3.346 sanciones por valor de 9,1 millones de euros, una multa de 9.800 euros por término medio. Uribesalgo ha puesto en valor que los 148 millones suponen un 12% más que en 2012 y un 50% más que en 2011, un incremento que ha achacado a una mayor capacidad de detección de los inspectores, y no tanto a la situación de crisis. La cantidad supone un 8,3% de la recaudación del pasado año. A preguntas del PNV, Uribesalgo ha explicado que el teléfono para denunciar fraude fiscal ha supuesto aflorar 1,5 millones de euros.

Ante las dudas del portavoz económico del PP vasco, Antón Damborenea, sobre si es rentable la inversión realizada en la lucha contra el fraude en comparación con el dinero recuperado, Uribesalgo se ha limitado a indicar que destinan cada año entre 500.000 y 600.000 euros a programas informáticos, al margen del coste que tiene la plantilla. Hoy en día en Álava hay 24 inspectores, uno por cada 13.300 habitantes, y la Diputación aspira a incrementar el número un 10%.