Los gobiernos de Sánchez y Ayuso logran un acuerdo que evita que el Constitucional dirima su choque por la ley de presupuestos de Madrid

El Gobierno de España, que preside Pedro Sánchez, y el de la Comunidad de Madrid, que lidera Isabel Díaz Ayuso, han llegado a un acuerdo que evitará que se vean las caras en el Tribunal Constitucional (TC) a cuenta de un artículo de la ley de presupuestos autonómica, según confirman a EL PAÍS portavoces de las dos administraciones. De esta manera, las dos instituciones regatean la creación de un nuevo foco en el conflicto continuo que mantienen, y que vivió el martes su último capítulo, cuando se conoció que el ejecutivo central ha llevado al TC aspectos concretos de dos normas autonómicas aprobadas en diciembre de 2023: la de la ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación, conocida como ley trans, y la de la ley de Protección Integral Contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual. De esta manera, culmina con éxito la negociación abierta en abril en la comisión bilateral alrededor de un artículo de los presupuestos considerado “irregular” por la administración central, ya que mencionaba el ya extinto “contrato por obra y servicio”.

Aunque ninguna de las dos partes ha precisado cuál es la solución que ha evitado que el Estado acuda al Constitucional, lo previsible es que el gobierno madrileño haya retirado o matizado la referencia que provocó el conflicto.

El nuevo encontronazo entre las dos Administraciones, que viven de choque en choque desde que Díaz Ayuso llegó al poder por primera vez, en agosto de 2019, tiene su origen en el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Durante la habitual revisión de la normativa aprobada, el departamento que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz detectó un punto de los presupuestos autonómicos que consideró irregular, y así se lo transmitió al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, encargado de las relaciones con las Comunidades Autónomas.

Así, el artículo 37 de los presupuestos regionales menciona las “contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios”, pese a que la reforma laboral de 2021 propició la desaparición de este tipo de contratos.

“Este artículo no se ajusta a la legislación laboral, ya que el Estatuto de los Trabajadores (ET) no permite la celebración de contratos por obra o servicio, y circunscribe los contratos temporales a dos supuestos muy específicos (circunstancias de la producción o sustitución de persona trabajadora)”, argumenta el informe del Ministerio, que adelantó eldiario.es antes de que el Gobierno decidiera tomar cartas en el asunto. “Por tanto, el legislador autonómico estaría intentando introducir una nueva modalidad de contrato de trabajo en la legislación laboral, cuando el Estado es el único que puede regular estas cuestiones. De ser así, la Comunidad de Madrid estaría incurriendo en una clara vulneración del orden constitucional de distribución de competencias”.

Así resumió el conflicto a este diario un portavoz del gobierno nacional cuando se abrieron las negociaciones: “Hay dudas de compatibilidad del artículo 37 de los presupuestos de Madrid con el estatuto de los trabajadores que, tras la reforma causada por el RD 32/2021, reduce la posibilidad de celebrar contratos temporales a dos supuestos: circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora”.

El acuerdo supone un raro ejemplo de entendimiento entre dos administraciones que se han medido una quincena de veces en los tribunales desde que Ayuso accedió al poder, en agosto de 2019.

Aunque la justicia ha dado la razón a Madrid en cuestiones como el IVA de diciembre de 2017, lo que procuró 300 millones extra a las arcas regionales; o cuando recurrió contra un decreto del Ejecutivo central que distribuía nueve millones de euros de los fondos europeos entre el País Vasco, Navarra, Extremadura y Comunidad Valenciana, también ha rechazado sus pretensiones con respecto a asuntos clave como el currículo de Bachillerato o el impuesto a las grandes fortunas, que avaló el Constitucional.

Este mismo tribunal deberá resolver ahora el recurso de Madrid contra la ley de amnistía estatal, y el del Estado contra la ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación, conocida como ley trans, y la de la ley de Protección Integral Contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual.

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