Díaz resucita la reclamación de la gestión andaluza del Guadalquivir

Tres años después de que el Tribunal Constitucional devolviera al Estado las competencias sobre el río Guadalquivir, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha resucitado una de las reivindicaciones históricas de Andalucía: la gestión de uno de los símbolos de la autonomía andaluza. Díaz defiende la gestión autonómica del río andaluz más emblemático, algo que, según cree, puede ser compatible con el fallo del Constitucional.

“No me gusta pelear por fueros y competencias, pero queremos que la gestión del Guadalquivir sea eficaz y eficiente”, ha señalado la presidenta en la apertura del congreso de regantes organizado por la Asociación de Regantes de Andalucía (Areda) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). No es baladí que Díaz aprovechara este foro para lanzar esta petición, pues más del 90% de los usos del agua se los lleva el regadío, un sector clave para la agricultura andaluza.

“El reparto del agua debe ser equitativo y solidario”, afirma la presidenta

Según dijo la presidenta, su intención es que “se cumpla la voluntad del Parlamento de Andalucía”, que en noviembre de 2011 aprobó por unanimidad reclamar al Estado la cesión de las competencias sobre las aguas del Guadalquivir que transcurren íntegramente por la región. La Cámara autónoma remitió entonces al Congreso una proposición de ley orgánica, que se debatió en junio de 2013 y que fue rechazada por la mayoría del PP. Andalucía esgrimía la vía del artículo 150.2 de la Constitución, una vez que el Constitucional anuló el artículo 51 del Estatuto de Autonomía que proclamaba que la comunidad tenía la competencia exclusiva sobre esa parte de la cuenca.

Ante las declaraciones de Díaz, la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha recordado que el Constitucional dejó “muy claro” que la competencia sobre el Guadalquivir es del Estado y que su cuenca debe gestionarse “bajo el principio de unidad, ya que discurre por cuatro comunidades autónomas”. Crespo también ha criticado la gestión realizada por la Junta que “recibió 451 millones de fondos Feder presupuestados para actuaciones hidráulicas pero que destinó a otros fines la mayor parte de estos fondos, o bien no los ejecutó”, informa Europa Press.

Pero argumentos no le faltan a Andalucía para reclamar al menos la gestión del Guadalquivir. Su participación en la cuenca es del 90,22%, frente a pequeños porcentajes de Castilla-La Mancha, Extremadura (que fue quien presentó en 2007 el recurso ante el Constitucional) o Murcia. Además, la cuenca del Guadalquivir, con 51.900 kilómetros cuadrados en Andalucía, es el principal distrito hidrográfico de la comunidad. Supone el 59,2% de la superficie total de Andalucía y en ella residen algo más de cuatro millones de andaluces, con un total de 398 municipios.

El sector pide que se culmine el proceso de modernización

Pero más allá de los números, Susana Díaz cree que deben tenerse en cuenta razones pragmáticas y de cercanía. Puso como ejemplo el acuerdo alcanzado con el Gobierno en relación con la mina de Aznalcóllar (Sevilla). Tras recalcar que el reparto del agua debe ser “equitativo y solidario”, Díaz vino a avalar las reivindicaciones de los agricultores que entienden que la devolución de las competencias sobre el Guadalquivir al Estado está ralentizando el proceso de modernización de regadíos en la comunidad. “Los regantes andaluces necesitamos que, definitivamente, se culminen aquellos procesos de ordenación, regularización y consolidación de regadíos abiertos en distintas zonas regables de nuestra comunidad”, plantea Marcelo Morales, presidente de Areda, la organización que reunió a 600 regantes en el congreso.

La importancia del regadío es “vital” para Andalucía, ha refrendado Díaz. Supone un tercio de la superficie agraria, el 57% de la producción y el 60% del empleo agrario. La presidenta se ha aliado con los regantes a la hora de plantear al Gobierno la retirada del tarifazo eléctrico y aprobar un nuevo canon que tenga en cuenta el consumo real de agua y no por hectárea, como ocurre ahora. “Si queremos que el campo sea sostenible no se puede permitir que sigan aumentando los costes”, subraya Díaz, quien se va a dirigir por carta al ministro de Industria para pedirle un cambio normativo de la tarifa eléctrica que, según dijo, puede mermar al 60% del empleo en el regadío.