Austeridad selectiva

Empezó albergando la Banca Rosés. Luego fue la sede del Banco Condal, considerado como el brazo financiero de José María de Porcioles, alcalde franquista de Barcelona. Después vivió el terremoto del holding Rumasa, de Ruiz Mateos. Estuvo muchos años cerrado hasta que, quizá purgando su pasado financiero de ribetes autoritarios, pasó a ser sede al Memorial Democrático para la recuperación de la memoria histórica en Cataluña. El mal estado del edificio aconsejaba reformas en profundidad que no se acometieron. Ahora, vacío, la Generalitat lo ha vendido.

El edificio en cuestión, situado en Via Laietana 69 y remodelado en su actual apariencia en 1971, ha tenido una existencia tan agitada como su último inquilino, el Memorial Democrático. Esta institución va a conocer su tercera sede en cuatro años de gobiernos de CiU. El Memorial, quizás en forzada solidaridad con el pasado, vive un peregrinaje muy similar al del exilio republicano.

En primavera de 2011 se anunció que iría al castillo de Montjuïc. Un año más tarde se publicitó que no se ubicaría en la fortaleza. Su próxima sede será, al parecer, el edificio que albergó a Edicions 62, en El Raval. Con motivo de cada interpelación parlamentaria, desde el Gobierno catalán se insistía, por boca de la vicepresidenta, Joana Ortega, en que el Memorial debe servir para recuperar la historia “de forma fiel huyendo del revanchismo”. “La voluntad es hacer una memoria de todos; no se puede hacer un patrimonio ni sesgar la historia por cuestiones políticas”.

El objetivo confeso era enderezar la deriva política que el centro había tomado. Había que borrar las huellas sectarias del pasado tripartito y especialmente de Iniciativa-Verds para abrirlo al ecumenismo democrático. Pero, apreciaciones al margen, es fácilmente constatable que la actividad del Memorial se ha ralentizado tanto en los años de ejecutivos de CiU. Vamos, que si sobrevive lo hace con respiración asistida. Eso incluye haber “olvidado” los 80 años de la proclamación de la República, o, más recientemente, haber pasado de puntillas —con la honrosa excepción de la exposición del Ayuntamiento de Barcelona y la Fundació Pi i Sunyer en Montjuïc— por los 75 años de la caída de Barcelona en manos de las tropas franquistas. Y es que hay símbolos que cotizan a la baja. Los mártires del tricentenario, las víctimas del ataque borbónico a Barcelona, gozan de mausoleo, comisariados especiales y honores, mientras que la memoria de los republicanos vaga, con permiso del ministro García Margallo, por el espacio exterior. La guinda metafórica ha sido la venta de la exsede mientras espera la ubicación definitiva.

El Memorial es una muestra de la austeridad selectiva que practica CiU: se envuelve el elemento a recortar en papel apariencia y se corona con un lazo de color pulcra equidistancia. La retórica debe acompañar: hay que subrayar que la decisión se toma en aras a la eficacia y bien común.

Esa selectividad gobierna sobre todos los ámbitos políticos: ya sea la memoria histórica o los servicios públicos. Siempre se aplica según el mecanismo retóricamente prescrito. Nada es lo que parece. No peligra el Memorial Democrático aunque esté bajo mínimos. Tampoco hay que temer por el sistema público de Salud, aunque el Gobierno no dé explicaciones de cuál es el objetivo de la reestructuración sanitaria que está comenzado a aplicar.

El departamento que pilota Boi Ruiz —ese consejero campechano que recomienda a sus conciudadanos apuntarse a una mutua privada— ha decidido unificar en las comarcas leridanas a un 80% de centros gestionados por el Instituto Catalán de la Salud y a otro 20% por otra empresa pública, Gestión de Servicios Sanitarios.

La Generalitat niega que se trate de abrir los centros al capital privado, pero no aclara qué tipo de empresa se va a constituir. Nada estaría bajo sospecha si Salud no hubiera planeado en 2011 (ver el documento La Gobernanza del ICS) trocear la sanidad pública para abrirla al capital privado, creando consorcios de entidades “públicas y privadas”.

Carecería de fundamento hablar de desmembramiento de lo público si otro informe, esta vez obra de PricewaterhouseCoopers (PWC) —también datado en 2011 y dado a conocer por este diario en febrero de 2013— no propusiese la privatización de 18 hospitales catalanes. Entre otros temas, PWC detallaba la integración de los servicios de Lleida tal como ahora se está haciendo. Pero la Generalitat insiste en negar parecidos. El Departamento de Salud calificó en su día el informe de “planteamiento teórico”, aunque eso sí, desinteresado, puesto que PWC lo efectuó de manera “gratuita”. El papel entraba al detalle de forma radicalmente pragmática en proponer la privatización de las ambulancias y del centro de operaciones del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), la de una red de una treintena de laboratorios clínicos y del Instituto de Diagnóstico por Imagen, la gran empresa tecnológica que gestiona estos servicios en los ocho hospitales del Instituto Catalán de la Salud. La austeridad selectiva está ahí.

La Generalitat asegura que no hay intención de fragmentar el ICS o de jibarizar el Memorial Democrático. El caso es que lo parece.