El presidente de CEIM evita a la Asamblea

Arturo Fernández no comparecerá en la Asamblea de Madrid por el caso Aneri. El presidente de CEIM y de la Cámara de Comercio no ha considerado “oportuno” aceptar la “invitación de comparecencia” en la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda, a propuesta del PSM, para explicar las circunstancias por las que una treintena de organizaciones empresariales han sido salpicadas en el presunto fraude de 15 millones de euros de cursos de formación para 2010 y 2011. Los fondos, que procedían del Estado, eran distribuidos por la Comunidad de Madrid entre las asociaciones empresariales, que a su vez derivaban al empresario cordobés José Luis Aneri la gestión de los cursos.

El argumento que da Fernández es que la Cámara de Comercio ya se encuentra “sometida a la tutela” del Ejecutivo autonómico tanto en el “ejercicio de las potestades administrativas de aprobación” como en “la fiscalización de sus actuaciones”.

“Sin perjuicio de lo anterior”, es decir de no acudir a la Asamblea a dar explicaciones, Fernández muestra su “disposición” al presidente de la Asamblea, José Ignacio Echeverría, y los cuatro grupos parlamentarios “para organizar un encuentro o visita” a la Cámara de Comercio “y comentar los extremos que se consideren de interés para la comunidad empresarial madrileña”.

La semana pasada, la Mesa del Parlamento autonómico no puso trabas a la comparecencia de Fernández por la supuesta estafa de los fondos para los cursos de formación. La Mesa está compuesta por siete miembros: cuatro del PP, uno del PSM, uno de IU y otro de UPyD.

El hecho de que el PP no empleara su mayoría para impedir que la petición prosperase hizo que en la Cámara regional alguna señoría diera por segura la declaración de Fernández.

A mediados del mes pasado el PP sí que evitó que se abriera una comisión de investigación por el caso Aneri, solicitada por PSM, IU y UPyD en bloque.

La oposición denuncia que la comisión de investigación ha sido rechazada “sin motivación alguna por la Mesa”, lo que iría en contra de la función del “ius in officium” de los parlamentarios regionales.

De ahí que la oposición volviera a solicitarla ayer, argumentando que se está “hurtando una información valiosísima a la ciudadanía” y se está “lesionando el derecho de los diputados [36 socialistas, 13 de IU y ocho de UPyD] a ejercer su cargo en condiciones de igualdad (...) impidiendo el ejercicio de su función de control a la Comunidad”.

Los tres grupos parlamentarios recordaron que, desde que EL PAÍS destapó el escándalo, han presentado “numerosas preguntas” y “la mayoría siguen aún sin contestarse pese al tiempo transcurrido de la solicitud”.

Las quejas de la oposición por la lentitud con que el Ejecutivo del PP responde a sus cuestiones, si es que lo hace, no son nuevas. La Asamblea figura precisamente entre los Parlamentos menos transparentes de España, con una puntuación de 51,3 sobre 100 posibles según un informe de Transparencia Internacional. Madrid solo queda por delante de Murcia (42), Canarias (42,3) y Baleares (45). Los hemiciclos menos opacos son los de Cantabria (98,8) y Navarra (87,2).