El parón de las orujeras aboca al olivar a un dilema ecológico con sus residuos

La orden del Ministerio de Industria que aplica un drástico recorte de las primas para energías renovables ha empezado a hacer mella en las industrias orujeras dedicadas a la cogeneración. La reducción de las retribuciones hasta en un 35%, y de un 45% para las extractoras que usan biomasa del olivar, ha provocado ya el cierre de las primeras industrias, en concreto las de Puente de Génave (Jaén), propiedad de la firma Hidrocantábrico, y la de Badajoz, la única orujera destinada a la cogeneración fuera de Andalucía, y otras barajan seguir el mismo camino por la falta de rentabilidad.

Sin embargo, más allá de la reconversión que la nueva normativa forzará en el sector orujero (la patronal estima la pérdida de 1.500 empleos), la inactividad de estas extractoras amenaza con crear un problema medioambiental de primer orden en el sector del olivar. Hay que tener en cuenta que por cada 100 kilos de aceituna molturada se obtienen 20 kilos de aceite y 80 de orujo; es decir, estas industrias procesan el 80% de los residuos que se extraen de la aceituna. Si las almazaras no tienen donde llevar el alperujo (lo que resta de la aceituna tras extraerse el aceite) se corre el riesgo de que algunas incumplan la ley y viertan los residuos a cauces públicos. “Vamos a retroceder 20 años, cuando el alpechín se dejaba secar en las balsas o se vertía a ríos”, advierte Joaquín López, director de la Asociación Nacional de Empresas de Aceite de Orujo (Aneo).

Y es que, además del recorte en las retribuciones, la normativa de Industria prevé la reducción de horas de trabajo en las cogeneraciones, de 8.100 a 6.700 al año. Esa disminución hará que se paren las turbinas y no se pueda procesar y desecar todo el orujo graso húmedo existente en las balsas y, por consiguiente, llevaría a que en poco tiempo todas las balsas se colmatasen al inicio de la campaña oleícola, haciendo imposible la molturación del alperujo. Y las que procesan esta masa a través del sistema tradicional de hornos pronto también tendrán problemas con los certificados ambientales que regulan la emisión de partículas.

El sector estima unas pérdidas anuales de 110 millones de euros

Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén —la provincia más afectada por la nueva normativa para renovables— ha enviado una carta al ministro de Industria, José Manuel Soria, en el que alerta de “problemas medioambientales de incalculable magnitud” teniendo en cuenta el “gran poder contaminante de este residuo”.

En la actualidad, de las 17 extractoras con cogeneración existentes en España, 16 están en Andalucía y cinco en Jaén, mientras que el sector orujero en general cuenta con 63 extractoras en todo el territorio nacional, de las que 39 están en Andalucía y 14 en Jaén. Según los cálculos del sector orujero, que exporta por valor de unos 2.000 millones al año, con los nuevos parámetros retributivos establecidos en el borrador de la orden ministerial, y sumando la reducción del máximo de horas de funcionamiento de estas empresas, la pérdida de ingresos para el conjunto de Andalucía puede llegar a los 110 millones de euros, 40 de ellos en la provincia de Jaén.

Las plantas prevén un descenso de entre el 25% y el 44% de sus ingresos

La reducción de los ingresos de las orujeras oscilará entre el 25% y el 35% en el caso de las que utilizan gas natural para el proceso de cogeneración, y será de hasta un 44% menos para las que usan biomasa del olivar. Además, la nueva norma también afectará a las orujeras sin cogeneración, dado que hasta el 40% de sus ingresos anuales provienen de la venta de orujillo para la generación de electricidad con biomasa. “Si no existieran las extractoras que se encargan de procesar el orujo, el sector oleícola jiennense, estandarte español en la producción de aceite de oliva, se paralizaría y provocaría la quiebra de la provincia de Jaén”, indica el presidente de la Diputación en el escrito remitido al ministro de Industria.

La directiva de la patronal Aneo se va a reunir este lunes para estudiar posibles acciones legales contra la Orden de Industria. Lamentan que la mayoría de las extractoras tuvieron que acometer grandes inversiones para cumplir con la normativa, “y ahora se cambian las reglas del juego en mitad del partido”, exclama Joaquín López. Además, desde Aneo se alerta de que el principal problema será la retroactividad de la norma del Gobierno, que fija el 13 de julio de 2013 como fecha de inicio del nuevo marco. Ponen como ejemplo que una planta de cogeneración con una capacidad de 10 megavatios por hora tendría una facturación de 6,6 millones de euros en estos 7 meses, pero con la retroactividad de la norma tendría que devolver unos dos millones, lo que haría que muchas entraran en pérdidas y se vieran obligadas a paralizar su actividad.

Los orujeros, que dicen tener el respaldo del Ministerio de Agricultura, piden al de Industria que dé marcha atrás en la nueva normativa y que se considere la singularidad de estas empresas de cogeneración a partir de cultivos o residuos agrícolas forestales.