El Gobierno asegura que el decreto del castellano se aplicará “sí o sí”

El Ministerio de Educación se enrocó en su defensa del decreto que blinda la enseñanza en castellano en Cataluña y aseguró que el decreto se aplicará a partir del próximo curso “sí o sí”. El texto se se aprobó ayer la Conferencia sectorial de Educación —que reúne al Gobierno y las Comunidades— con la ausencia de la consejera de Enseñanza catalana, Irene Rigau, que anunció que no asistiría como protesta a la normativa, que según ella “rompe” con el modelo de inmersión lingüística.

El proyecto de Real Decreto contempla que las Comunidades con lengua cooficial deben asegurar la escolarización en castellano en centros sostenidos con fondos públicos en el mismo municipio. Si esto no fuera posible, se recurrirá a los privados a cuenta, un coste que deberá asumir la Autonomía. Cataluña, la más afectada por la normativa, siempre ha defendido en la inviabilidad del proyecto por la inexistencia de escuelas privadas con el castellano como lengua vehicular. La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio replicó ayer que sí existen y que este extremo “no va a ser un factor limitante”.

El Ministerio quiso rebajar su firmeza en la negativa a retirar la normativa, tal y como pedía Cataluña, ofreciendo una solución descafeinada de diálogo. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, propuso la creación de un grupo de trabajo con las comunidades para tratar el real decreto. El Gobierno no concretó el calendario de esta reunión, pero sí dijo que se debe convocar con suficiente “celeridad” para que dé tiempo a que, eventualmente, sus aportaciones se puedan añadir en el borrador de decreto.

Euskadi enmienda

La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio insistió en que es deber del Ministerio “garantizar” la educación en castellano a aquellas familias que lo soliciten, un problema que solo se da en Cataluña, dijo, donde “sí existe la posibilidad de que el castellano quede excluido”. El País Vasco presentó una enmienda a la norma para evitar que se aplique en su comunidad, según explicó la consejera vasca, Cristina Uriarte.

La Conferencia también trató uno de los aspectos que más preocupa a las Comunidades: la la financiación para la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Las Autonomías critican que el Ministerio no les ha concretado el dinero con el que disponen para aplicar la reforma, que arranca en septiembre, sobre todo para financiar la nueva FP Básica. “Es muy poco serio, ¿cómo podemos estar a mediados de marzo y no saber cuánto dinero nos va a corresponder?”, se quejó la consejera asturiana, Ana González.

El ministerio prometió unos 2.000 millones de fondos europeos, pero Gomendio reconoció ayer que todavía no están adjudicados. La secretaria de Estado explicó que se cuenta con 50 millones a cargo de los Presupuestos Generales para sufragar los gastos del primer trimestre del curso, y que por tanto “no hay ningún problema de financiación”. A partir del próximo curso, vino a admitir, el ministerio lo fía todo a que lleguen esos fondos europeos, que el Gobierno anticipará con fondos nacionales. “Lamento tener razón”, valoró el consejero andaluz, Luciano Alonso. “La LOMCE no tenía financiación. Se ha pasado de 2.000 millones a 50. Salieron celebrando la anterior reunión con una financiación que se ha demostrado era otra quimera”.