La Comunidad tardó un año en reaccionar ante la estafa de los cursos

La Consejería de Empleo tenía indicios de irregularidades desde finales de 2012

El empresario cordobés José Luis Aneri en una fotografía hecha por él mismo.
El empresario cordobés José Luis Aneri en una fotografía hecha por él mismo.

A pesar de tener indicios de que se estaba produciendo una posible estafa en las subvenciones destinadas a los cursos de formación, la Comunidad de Madrid no investigó. Lo hizo solo cuando las irregularidades cometidas supuestamente por el principal sospechoso de la trama, el empresario José Luis Aneri, eran ya muy evidentes. Tampoco informó públicamente de que habían desaparecido 4,4 millones de euros, no denunció los hechos a la policía ni puso el tema en manos de la fiscalía o los jueces.

Para entender cómo ha gestionado el caso la Comunidad hay que remontarse a finales de 2012 y situarse en el número 21 de Vía Lusitana, el lugar donde se encuentra la Viceconsejería de Empleo. Entre otras cuestiones, este órgano es el encargado de conceder, gestionar y hacer el seguimiento de las ayudas que reciben las asociaciones.

La vía del Estado

Las empresas de Aneri también fueron contratadas para impartir cursos de formación que recibieron distintas asociaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Fundación Tripartita, dependientes del Ministerio de Empleo. En este caso, las ayudas rondan al menos los siete millones de euros.

En las ayudas del SEPE, existía una denuncia por irregularidades a una de las empresas que subcontrató a Aneri, la asociación de transportistas Ucotrans. Ese expediente se trasladó a finales de 2012 a la Sección deInvestigación de la Seguridad Social de la Policía Nacional. A pesar de la investigación abierta, la asociación de transportistas percibió una nueva ayuda en 2013. El Ministerio de Empleo justificó que no se pueden retirar las ayudas sin una sanción o una sentencia firmes. Ucotrans acabó renunciando a ese dinero.

Aunque el expediente con presuntas irregularidades llegó a la policía hace más de un año, no se cruzaron datos entre Administraciones. La Comunidad de Madrid no conoció por el SEPE ni por la Fundación Tripartita que había una investigación abierta. Una portavoz de Tripartita aseguró a EL PAÍS que ellos tampoco conocieron el caso de Madrid hasta que el asunto apareció en prensa.

Es en esa fecha cuando el responsable de una federación de la Confederación de Empresarios de Madrid (Ceim) alerta al subdirector de Formación Continua, Joaquín Velázquez, y algún responsable más de lo que está haciendo Aneri. El empresario cordobés es ya conocido en Vía Lusitana. Suele acudir con ropas caras y hace ostentación de sus compras más recientes cuando acude a hacer gestiones de su empresa Sinergia Empresarial, una compañía que se dedica a dar cursos de formación no presencial. En teoría, Aneri solo recibe el dinero que la Comunidad ha dado previamente a unas treinta organizaciones empresariales. En la práctica, lo gestiona todo. Es quien que se encarga de pedir las ayudas y las justifica para que todo cuadre.

Varias fuentes aseguran que, en esa reunión, la Subdirección de Formación obtuvo información relevante que hacía sospechar que el cuantioso número de alumnos que supuestamente se apuntaban a los cursos de Aneri no los hacían realmente. Lo que hacía el empresario era obtener datos de personas y duplicarlos como alumnos.

Pese a la información que obtiene la Subdirección de Formación, no se da orden a los técnicos para que investiguen. En el departamento se sigue trabajando con normalidad.

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Llega la hora de justificar los cursos del plan de 2011. El proceso se prolonga siempre durante tres años. Por ejemplo, en 2011, se conceden las ayudas; los cursos se dan a lo largo de 2012 hasta finales de año y se justifican en los tres meses siguientes, ya en 2013. A partir de marzo y abril de 2013, la Comunidad empieza a requerir a las entidades la documentación para justificar la subvención. En julio, los técnicos se dan cuenta de que ocurre algo extraño; una treintena de entidades empresariales no ha presentado los documentos. Y todas han hecho los cursos con empresas de Aneri. Los superiores reciben la información de los expedientes relacionados con Sinergia, pero estos no dan la orden para que se investigue lo que está pasando o se llame a las asociaciones empresariales. Todas las notificaciones se siguen haciendo a los domicilios que constan en los expedientes, todos de empresas de Aneri.

La Consejería de Empleo no puso los hechos en manos de la Fiscalía o la Policía

Pero Aneri no contesta. Por esas fechas anda en una espiral de drogas, gastos desmesurados y mujeres que le hacen dejar de lado su negocio. Los requerimientos de los funcionarios de la Comunidad se amontonan en su despacho y él apenas aparece por allí, según aseguran extrabajadores de Sinergia. Por otra parte, las entidades empresariales siguen sin enterarse de que hay problemas en las justificaciones.

No es hasta septiembre de 2013 cuando se dan órdenes verbales a los técnicos de Vía Lusitana de que empiecen a llamar a las asociaciones y les informen de que se les está notificando sobre requerimientos y el principio de revocaciones de las ayudas que obtuvieron. Se les dice que Sinergia no está respondiendo a nada.

En octubre las entidades ya conocen la situación y comienzan las reuniones con la Administración. Una de ellas, Noche Madrid, saca a Aneri de su casa y le lleva a una reunión con la administración. Aneri promete que todo se justificará convenientemente. Se le dice entonces a los técnicos que paren los procedimientos de revocación hasta que se pueda investigar el asunto. Hasta nueva orden.

Esa no llega hasta diciembre, unos días después de que EL PAÍS publique la primera noticia del caso y la existencia de un informe con la mayoria de las irregularidades. Es entonces cuando los responsables del departamento exigen que se revoquen los expedientes y que se pida a las asociaciones que devuelvan el dinero.

El empresario José Luis Aneri es el principal sospechoso de la trama

La gestión de esta crisis ha causado un cierto enfrentamiento entre dos direcciones generales de Vía Lusitana, la de Formación, dirigida por Patricia Herrero García-Ramal, y la de Estrategia y Fomento de Empleo, dirigida por Valentín Bote. Ambas se acusan mutuamente de no haber controlado los cursos de Aneri. Este periódico llamó a los responsables de ambas direcciones generales, así como a otros cargos inferiores. No hubo respuesta. Tampoco da explicaciones desde hace semanas el departamento de prensa de la Consejería de Empleo, órgano que dirige Ana Isabel Mariño. Este departamento indicaba en diciembre que el procedimiento de control se activó en los plazos que señala la ley de Subvenciones y que no hubo inacción.

El artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice lo siguiente: “Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante”. Nada de eso hicieron los responsables de la Vicenconsejería de Empleo.

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