El Síndic denuncia la “cronificación” de las listas de espera de la sanidad

Las políticas sociales siguen siendo el principal motivo de queja de los ciudadanos ante el Síndic de Greuges. El 39% de las 14.353 quejas que recibió el año pasado se referían a cuestiones relacionadas con la educación, la infancia, la salud, los servicios sociales o las pensiones, según el informe 2013 que el síndic, Rafael Ribó, entregó ayer en el Parlament.

Ribó subrayó y lamentó la “cronificación” de tiempos de espera superiores a lo garantizado por ley en las listas de espera de la sanidad catalana y sugirió dos cuestiones: que se facilite a los pacientes una fecha aproximada sobre la previsión de sus intervenciones y que se les informe del número que ocupan en la lista de espera.

El segundo aspecto por el que se mostró especialmente preocupado Ribó es el déficit de acceso a la información pública de las Administraciones, que vinculó a la calidad de la democracia. En el informe, el síndic subraya la necesidad de mejorar la transparencia y el acceso de la ciudadanía a la información. “La ausencia de una regulación no puede ser la excusa para mantener una dinámica de negación”, apunta, critica la lentitud de respuesta y recuerda que el derecho a la información es imprescindible para el control sobre el correcto funcionamiento de las instituciones.

En referencia a las quejas sobre los servicios públicos relacionados con bienestar, salud o educación, Ribó aseguró que al preguntar la institución por los casos a las distintas Administraciones, “en muchas ocasiones la respuesta es que ‘no hay recursos’ o que ‘se ha acabado la partida presupuestaria”. Como ya hizo en el avance de los grandes datos del informe hace diez días, el síndic insistió ayer en la “erosión de derechos” que han provocado la crisis y los recortes. Entonces se mostró alarmado por el crecimiento de la brecha entre ricos y pobres y recordó que los derechos sociales son también “derechos individuales que podrían ser recurridos por tribunales”, como es el caso de la Renta de Emancipación que eliminó el Gobierno central o de las ayudas a la dependencia.

El segundo motivo de queja a la institución que supervisa la actividad pública fueron en 2013 los tributos (29,4%), lo que se explica por las reclamaciones a las multas fruto de la campaña #novullpagar contra los peajes. Las cuestiones relacionadas con la vivienda ocupan el tercer lugar (9,9% de las quejas) y la seguridad ciudadana se lleva el 8,1% de las quejas.

En el capítulo de derechos sociales, Ribó se muestra preocupado en primera instancia por las situaciones de malnutrición y desnutrición de menores como consecuencia de la pobreza en la que viven sus familias. En este sentido, y ante el baile de cifras sobre la incidencia del hambre entre los menores catalanes, el síndic pide que se fije un protocolo entre los departamentos de Educación, Bienestar y Salud para detectar los casos.

La pobreza energética; la Renta Mínima de Inserción, cuya gestión todavía sufre las consecuencias del caos del verano de 2012 y hay cantidades pendientes de pagar; el sobreendeudamiento de las familias; los desahucios o las plusvalías que deben pagar las familias que entregan sus pisos a las entidades —“es cruel”, dijo Ribó—; las preferentes —la institución llevó a Caixa Laietana y Bankia a la fiscalía—; o el gasto para enfermos crónicos, cuidadores, o los fondos para residencias son otras de las cuestiones sobre las que Ribó pone el acento en las consideraciones generales de su informe.

En el capítulo de libertades y calidad democrática e institucional, la Sindicatura de Greuges habla de “pasos atrás que pueden comportar erosiones de derechos”, como la desaparición de los jueces sustitutos o el proceso de recentralización institucional emprendido por el Gobierno español. “Una forma”, a juicio de Ribó, “absurda de solucionar el problema de las duplicidades”. También alude a la demora en los pagos a proveedores por parte de las Administraciones y a la contratación por parte de estas de servicios de atención a las personas a empresas privadas, que a su juicio requiere una “regulación singular”.

El informe del Síndic de Greuges celebra que prácticamente en la totalidad de los casos (en el 98%) la Administración acepta las sugerencias de la institución y subraya que desde 2005 hasta la actualidad se han triplicado las actuaciones de oficio. En este sentido, además del citado informe sobre desnutrición infantil, el síndic ha emitido informes sobre cuestiones como la pobreza energética o el estado de los Centros de Internamiento de Inmigrantes, los CIE.

Desde el punto de vista de la agilidad en la resolución de los casos, el informe entregado ayer a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, indica que el tiempo medio que transcurre entre la entrada de una queja a la entidad y su resolución es de 122 días, casi 50 menos que en 2009. A finales de 2013 la institución había finalizado el 66% de las actuaciones y tenía en trámite el 34%.